Un nuevo capítulo judicial se sumó en las últimas horas a la batalla que abrieron Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta por las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires en medio de la nueva ola de COVID-19 que atraviesa la Argentina. Esta vez el foco no está puesto en la Corte Suprema, en donde se tramita la demanda que llevó Rodríguez Larreta. Las novedades en la saga judicial por las clases la dieron los padres de alumnos y las ONGs que habían motorizado la demanda en la justicia porteña. El fallo del juez Furnari no está firme y deberá resolver sobre esas apelaciones de actores que, hasta ahora, no estaban en el expediente. Por eso, la Corte Suprema decidió remitir el expediente que el propio Furnari les había mandado para que conteste la cuestión. La causa en la justicia federal se abrió el mismo lunes horas después de la resolución porteña, cuando el Procurador del Tesoro Carlos Zannini se presentó para que se declare la inhibitoria de la Justicia porteña y la invalidez de lo decidido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires que falló a favor de la presencialidad en las clases en el distrito. Calificó de “escándalo jurídico” y “gravedad institucional” lo sucedido con la Justicia porteña. Furnari decidió declarar la inhibitoria de la justicia porteña, con duras críticas y resaltando que el tema correspondía a la órbita del fuero federal. Dijo que un tribunal local no podía opinar sobre un DNU porque no era su competencia y al hacerlo habló de la “confusión e incertidumbre” generada en la sociedad. No obstante ello dispuso que el caso pasara a la órbita de la Corte Suprema por entender que ése era el tribunal competente para actuar en un conflicto legal entre Nación y CABA. Lo cierto es que en ese contexto se presentaron en la justicia federal dos apelaciones: una de la ONG “Fundación Centro de Estudios en Políticas Publicas” y otra de un grupo de padres, que eran los que habían llevado la causa a la justicia porteña, para impugnar el fallo “en el marco de la inhibitoria. La intervención del juez (Furnari) estaba limitada a pronunciarse sobre su competencia para conocer en los procesos que tramitan ante el fuero local (Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), existiendo única y exclusivamente dos alternativas: declarar su competencia o rechazar el pedido de inhibitoria efectuado”, sostuvo.
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