La Legislatura de Chubut aprobó la primera ley de “Ficha Limpia” en el país, que prohíbe presentarse a cargos partidarios a personas con condenas en la Justicia. Se trata de una norma que impulsa a nivel nacional Juntos por el Cambio, pero que por ahora naufraga ante la oposición del Frente de Todos en el Congreso de la Nación. En una sesión virtual la Legislatura chubutense avanzó en la ley tras un largo debate, que incluyó el cambio de posición de los legisladores del bloque justicialista, que buscó inicialmente que el tema volviera a comisión para modificar algunos aspectos. Puntualmente, la norma que ahora deberá ser reglamentada por el gobierno de Mariano Arcioni, incorpora un artículo a la ley de Partidos Políticos (el 66 bis) que define que de ahora en más quedarán inhabilitadas las personas para presentarse a precandidaturas, así como para ejercer cargos partidarios, en los casos en los que tengan condenas en segunda instancia por fraude, malversación de fondos, lavado de activos y otros delitos dolosos contra la administración pública. La iniciativa fue presentada por el diputado radical Manuel Pagliaroni, en línea con el proyecto similar presentado en el congreso de la Nación por el diputado Gustavo Menna y que actualmente es eje de disputa entre los bloques del kirchnerismo y el Juntos por el Cambio y consiguió la adhesión de más de 340 mil firmas. Si bien tuvo estado legislativo, su tratamiento se venció y actualmente la oposición intentó reflotarlo como “una deuda con la democracia”.
“La profunda significación que tiene en Chubut y en el país la aprobación de un proyecto de esta naturaleza con la incorporación del artículo 66 bis a la Ley de Partidos Políticos, consiste en que las personas condenadas por corrupción no puedan ser candidatas a cargos políticos. La idoneidad que se exige para los cargos electivos tiene que estar acompañada de ética y de probidad”, dijo. Y detalló: “Es una inhabilitación temporal que dura el tiempo que dura la condena, no es para siempre. Acá se está hablando de condena, no de procesamiento. No se está violando la garantía de presunción de inocencia. La ciudadanía debe exigir una condición superior a la media para los funcionarios públicos. Es la forma en que las instituciones van a progresar”, destacó.
