El kirchnerismo redobla la apuesta y ahora amenaza hacerle juicio político al resto de los integrantes del tribunal de la Corte Suprema de Justicia, al asegurar que la conformación actual del cuerpo “está agotada”. La ofensiva surge en medio de la polémica por los jueces que investigan a Cristina Kirchner y fueron desplazados por el gobierno nacional, cuya situación es analizada por la Corte a través de un per saltum. “Yo creo que el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Esta es una Corte agotada que juega al truco más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”, planteó el diputado nacional ultra kirchnerista, Leopoldo Moreau. El legislador en su justificación enumeró: “Veo una Corte con dos señores que aceptaron ingresar por decreto (en alusión a Rozenkrantz y Rosatti). Elena Highton de Nolasco tiene vencido su mandato y a diferencia de Zaffaroni que renunció y se fue, tiene un fallo a su favor… Lorenzetti ha tenido actitudes disruptivas permanentemente y se sacaba fotos con Moro (juez brasileño que investigó la corrupción en el gobierno). Y Maqueda, sobre quien tengo un gran respeto personal, está en una especie de zona de confort”. Para entender los alcances de la polémica, hay que retrotraerse a una decisión adoptada por el Senado y avalada por Alberto Fernández: el desplazamiento de tres magistrados que en mayor o menor medida habían participado en casos de corrupción contra ex funcionarios K. Ante esa jugada, los tres jueces afectados (Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli) presentaron diversos recursos judiciales. Uno de ellos, el per saltum, un instrumento que permite saltar instancias e ir directamente a litigar a la Corte Suprema.
La ofensiva del kirchnerismo contra el máximo tribunal se inició el 25 de septiembre, cuando se esperaba una resolución de los ministros sobre el per saltum que finalmente fue habilitado el martes 29. La diputada del Frente de Todos Vanesa Siley presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra Rosenkrantz. En el texto del proyecto de resolución, el oficialismo pide investigar a Rosenkrantz “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional. Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”, publicó la diputada en sus redes sociales. Rápidamente, la Casa Rosada trató de despegarse de la jugada. Habló de una iniciativa de carácter individual de Siley. Sin embargo, la irrupción mediática de este lunes de Moreau ratifica que no se trató de un plan airado, sino de un movimiento en bloque de diputados que responden a Cristina Fernández contra los cinco integrantes del tribunal. Según explicó Moreau, el juicio político a Rosenkrantz surge porque no se expide sobre un caso vinculado a la familia Blaquier. “Sus familiares más íntimos forman parte de la Fundación y se debería haber excusado, no sólo no lo hizo, sino que lo tiene congelado”, argumentó.
