Alberto Fernández volvió a poner en primera línea la decisión de ajustar las cuentas con la baja de transferencias a la gestión de Rodríguez Larreta. Lo hizo desde la provincia de Entre Ríos, desde donde también criticó a la oposición y a “algunos medios”. El mandatario insistió sobre la “inequidad” que representaría la opulencia porteña frente a las necesidades provinciales. Fernández sólo muestra voluntad de avanzar con el recorte de fondos a la Capital y hasta dejó trascender que podría escalar con una poda mayor y hasta retroactiva. Puede ser leído como un modo de advertirle a Horacio Rodríguez Larreta el malestar por su contraofensiva, que incluyó un reclamo a la Corte Suprema y una fuerte reacción de Juntos por el Cambio. También un modo de tratar de limitar la respuesta y su proyección al Congreso, donde se juega la suerte del proyecto de poda más profunda. La iniciativa está dando sus primeros pasos en el Senado y se anticipa una batalla mayor en Diputados. El movimiento presidencial, con el motor de Cristina Fernández, terminó tensando todos los poderes. El Ejecutivo está enfrentado con la gestión porteña y repuso de hecho la cuestión del reparto de ingresos con las provincias. El Legislativo suma un proyecto inesperado en medio de la crisis y con pulseadas aún irresueltas, como la reforma de la justicia federal. Y el Judicial muestra su máximo escalón bajo tensión política por partida doble y con inquietante impacto social: el planteo de la Ciudad y el reclamos de los jueces que intervinieron en causas por corrupción y que acaban de ser desplazados.
Esa promesa emergió como un gesto frente a cierto malestar de los gobernadores porque el recorte por decreto de fondos coparticipables de la Ciudad fue destinado exclusivamente a la administración de Axel Kicillof. Nada suponía una mejora para las provincias, a pesar de que se les había demandado aval a los gobernadores para la medida dispuesta en medio de la protesta de la policía bonaerense. Algo parecido ya venía circulando en formato de recelo contenido frente a la distribución de fondos extraordinarios, es decir, fuera de la coparticipación y como respuesta a los efectos de la crisis agravada por la cuarentena. Más del 50 por ciento de esas partidas fue a la provincia más grande del país y también, el territorio considerado sustento principal por CFK. Por supuesto, la realidad de los problemas de las cuentas nacionales es esgrimida como principal freno a demandas mayores y más aún como desaliento a un replanteo global sobre la distribución de fondos automáticos y extraordinarios. El reparto actual indica que la Nación se queda con poco menos del 50 por ciento de la masa coparticipable, aunque la diferencia respecto de las provincias es mayor si se consideran otros ingresos con fines específicos o las retenciones. Desde la Ciudad dicen que así perderían casi otros 40.000 millones de pesos porque sólo se habla de fondos para los haberes policiales y no del presupuesto global, que incluye gastos operativos y de sostenimiento de toda la estructura de seguridad.
