Axel Kicillof, presentará ante la Justicia una propuesta consensuada con los tomadores de tierra de Guernica, para evitar el desalojo forzado de los usurpadores. La fórmula se aproxima a lo que viene proponiendo desde hace un tiempo el Movimiento Evita. La idea es crear un fideicomiso a través del cual el Estado compraría las tierras privadas que fueron usurpadas por unas 2.500 familias. Los ocupantes de los terrenos, de manera subsidiada, pagarían en cuotas los denominados “lotes sociales”. Con el excedente de los fondos se realizarán las mejoras para el barrio, como el trazado de calles, bajada de luz, acceso a agua potable y cloacas. Las viviendas, en una segunda etapa, se podrían construir a través de las cooperativas de trabajo de las organizaciones sociales. Si la propuesta es aceptada, el juez podría posponer el desalojo previsto para el miércoles, jueves y viernes y que se avizoraba conflictivo, ya que un amplio grupo de familias no estaba de acuerdo con dejar las parcelas que ocupan desde el 20 de julio pasado. De las 100 hectáreas tomadas, solo una pequeña fracción pueden ser compradas a quienes ostentaban los títulos de propiedad, ya que el resto, según se explicó desde el municipio de Presidente Perón, forman parte de un emprendimiento inmobiliario que en su primera etapa proyecta la construcción del Country & Club San Cirano a través de la firma Bellaco S.A. Por esa razón, ahora la mayor atención se centra en encontrar tierras deshabitadas, no utilizadas, comprarlas y ofrecerlas para que abandonen la toma de manera voluntaria. En un primer momento, Cantero le dijo a este medio que desde el municipio no se estaba pensando en un plan alternativo de relocalización de los ocupantes de tierras en Guernica porque no hay tierras fiscales disponibles.
Se evaluó la posibilidad de “mudar” a los usurpadores a otros distritos, como La Matanza, ya que un buen número de familias pertenecen a esa localidad. Sin embargo, esto no prosperó y el intendente Fernando Espinoza, que tiene varias tomas en curso en su distrito, no llegó a ser consultado. Ahora, el plan acercado por el Movimiento Evita y que debe terminar de afinar el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, no hace mención alguna a tierras fiscales. Una vez pulida la propuesta política, los funcionarios de Kicillof la llevarán al juzgado de garantías número 8, a cargo de Martín Miguel Rizzo, para que este dé el visto bueno y fije una nueva fecha para el desalojo solicitado por los emprendedores del barrio cerrado. Fuentes judiciales, de la gobernación bonaerense y del Movimiento Evita coinciden en que el magistrado otorgará un nuevo plazo, ya que cualquier proceso que implique la adquisición de tierras para mudar a las familias llevará tiempo, y la fecha del 23 de septiembre está muy cerca. La “mesa de articulación” o de diálogo la forman representantes de los usurpadores, de la gobernación y del municipio Presidente Perón. En uno de sus puntos, la organización social propuso que una parte de las tierras que adquiera la Provincia sean “vendidas” a los usurpadores, pero que otra fracción sea ofrecida, a través de inmobiliarias locales, a trabajadores de clase media, media baja, y hasta policías, para combinar los estratos sociales de los barrios que se formarán. Este punto está en estudio por parte de los funcionarios provinciales.
