Las tomas de terreno se están convirtiendo en una amenaza constante para muchos municipios del conurbano bonaerense. Sólo en el municipio de Moreno, hubo al menos 130 intentos de tomas de tierras e inmuebles. El distrito, a cargo de la intendente Mariel Fernández, es un caso testigo del aumento de la tensión en el Conurbano por el control territorial y las urgencias habitacionales que se agravaron por la pandemia. El “aumento exponencial” de las causas por usurpaciones surge de un informe elaborado por la Fiscalía N°5 de Moreno. Se trata de un registro que va desde diciembre de 2019 al 31 de agosto, y expone un crecimiento de casi 1000 por ciento en el avance de las ocupaciones de inmuebles. En el período anterior, el distrito había tenido apenas 12 tomas, pero ese número subió a unas 130 usurpaciones en grado de tentativa, con un saldo de 81 personas aprehendidas. El avance pone de manifiesto el deterioro de la seguridad y de las condiciones de vida en el Tercer cordón, un problema estructural de la provincia. Sin embargo, el municipio de Moreno cuenta con una curiosidad. La intendenta Mariel Fernández pertenece al Movimiento Evita, la agrupación política que tuvo un altercado esta semana con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. El funcionario a cargo de la Policía Bonaerense apuntó a los líderes de la organización, los secretarios de Estado Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, como instigadores de las tomas.
“Me sorprende la apreciación del ministro Berni sobre el Movimiento Evita, venimos trabajando muy bien con su equipo. Se han desalentado más de 120 tomas en Moreno”, señaló la intendente sobre el acalorado cruce televisivo que tuvieron “Chino” Navarro y Sergio Berni. Moreno es un ensayo de gestión municipal desde los movimientos sociales. En el entorno de la intendente Fernández saben la responsabilidad que les toca. Están en una posición incómoda: conocen las carencias de sus bases de primera mano y la realidad de la militancia territorial, y reniegan de la “criminalización” de quienes ocupan una parcela. En palabras de Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), “los 4400 barrios populares que defienden las organizaciones territoriales fueron también ocupaciones”. Sin embargo, en el Movimiento Evita no tienen una visión idílica del problema: reconocen la existencia de negocios y “vivos que lucran con la necesidad ajena” detrás de los loteos. Desde diciembre, el municipio puso en marcha una mesa de trabajo en conjunto con el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR), con la Policía Bonaerense y el Ministerio Público Fiscal. El mecanismo funciona como un sistema de alerta temprana ante una eventual ocupación territorial, que se articula con un programa específico que apunta a darle una respuesta “integral” al desarrollo urbano y la demanda del suelo.
