Si la reforma judicial se convierte en Ley, 73 juzgados de primera instancia, ya están destinados para intendentes y gobernadores peronistas. Son 118 jueces nuevos y apenas 33 para distritos no peronistas. Las presiones a las provincias para que a través de sus diputados presten apoyo al Gobierno, cada vez es más evidente. Ayer, Alberto Fernández se reunió a solas con los tres gobernadores radicales para hablar de la reforma judicial. Abiertamente les solicitó que lo ayuden a dar quórun y a convencer a los líderes de la oposición: “Si un gobernador que se dice republicano acepta que sus diputados voten esto se va a arrepentir. El Presidente se arrepintió a tiempo con Vicentin, debería hacer lo mismo y retirar la Reforma Judicial”, dijo anoche el diputado Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio. El número total de juzgados arrancó en 94, luego se bajó a 63 con el dictamen de comisión, y a último momento se sumaron 10 juzgados y terminó en 73. Cada sueldo de esos magistrados costaría $456.844, según el presupuesto que mandó el Ministerio de Justicia al plenario de comisiones del Senado. La reforma judicial también crea 13 salas/cámaras, de tres jueces cada una, que no estaban en el proyecto original: antes de la aprobación se sumaron General Roca, La Rioja, La Pampa y La Matanza. En ese caso, cada sueldo tiene un costo promedio de $ 668.796, siempre según los datos oficiales. Si avanza la reforma en Diputados, esa Cámara será el tribunal de alzada de los juzgados federales de Río Gallegos, Caleta Olivia, Río Grande y Ushuaia, más los de Río Turbio y Perito Moreno que se crean ahora. En resumen: tendrá el control de todas las causas federales que tramiten en la provincia de los Kirchner.
De las 13 cámaras, solo 4 fueron para distritos no peronistas: Mar del Plata, Rosario, Santa Fe y Jujuy. Son 12 jueces más para el conteo final. La reforma sumó dos tribunales orales federales a la estructura de las provincias. Los dos en distritos peronistas: Resistencia (Chaco) y Paso de los Libres (Corrientes). “Como ya tenían Cámaras en esas provincias, les dieron tribunales orales”, advirtió un dirigente de la oposición. Desde que ingresó al Senado, la reforma se transformó en un festival de cargos en el interior del país. Arrancó con menos de 300 y terminó en más de 1700, sumando magistrados, fiscales, defensores y empleados, según los últimos cálculos que hizo la oposición. El presupuesto necesario para implementarla, ahora aumentó a más de $10.000 millones anuales, más de lo que se está destinando para luchar contra la inseguridad en el Conurbano. Sin embargo, en los tribunales de primera instancia se redujeron los cargos. La iniciativa original que había enviado el Ejecutivo contemplaba 94 jueces federales, 85 fiscales y 23 defensores. Ahora, quedó en 73 jueces, 92 fiscales y 53 defensores. Según un relevamiento, apenas 16 de los 92 fiscales aterrizarían en distritos no peronistas como Bahía Blanca, Esquel, San Salvador de Jujuy, Neuquén o San Lorenzo. En la Ciudad de Buenos Aires, la estructura sigue inalterable tal como estaba prevista en el proyecto original: un total de 77 cargos nuevos de magistrados (jueces, fiscales y defensores).
