El coronavirus fue la excusa ideal de las corrientes abolicionistas, para lograr la excarcelación anticipada de miles de presos condenados. La situación de hacinamiento en las cárceles y, las condiciones propias de la manera de contagio del virus, fueron el combo habilitante para que se ejecutara la salida de los convictos de las instalaciones. Pero un nuevo intento, esta vez más obvio, se produjo en el Senado bonaerense. Con una demora de tres años, esa cámara se disponía a debatir por fin la adecuación del Código Procesal Penal de la provincia a la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso nacional en 2017. Esta Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, es de orden público: las provincias deben adoptarla o bien adecuarla a su normativa. El Frente de Todos no tiene mayoría en el Senado provincial, pero domina una de las comisiones que debía tratar el tema. El proyecto a debatir fue elaborado en conjunto por senadores y diputados de Juntos por el Cambio, previa consulta con otras fuerzas políticas y con las asociaciones de víctimas, promotoras de la Ley a nivel nacional. El proyecto apunta a promover políticas públicas para fortalecer el protagonismo de las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso, y también a posteriori del mismo. Hasta la sanción de esta ley, la persona víctima de un delito quedaba librada a su suerte. En la sesión, cuando se debía someter a votación el dictamen, el senador kirchnerista Francisco Durañona, abandonó la reunión por zoom que él mismo presidía. Previamente, el oficialismo había elaborado un dictamen de minoría francamente desopilante que motivó durísimas críticas de las asociaciones de víctimas y la denuncia por parte del vicepresidente de la Comisión de Legislación General, Leandro Blanco (Juntos por el Cambio), de la “actitud dilatoria y antidemocrática de los representantes del Frente de Todos, que intentaron de forma intempestiva bloquear el tratamiento del proyecto”.
En vez de adecuar el código procesal de la provincia a la Ley de Víctimas, el dictamen kirchnerista introducía una serie de normas para beneficiar a los victimarios. Esto fue denunciado por el abogado César Mayer, quien habló en representación de la asociación civil Usina de Justicia y que calificó ese dictamen de “burla, engaño y atropello a la dignidad de las víctimas”. Un verdadero caballo de Troya, dijo Mayer: bajo el título de Ley de Víctimas y con la forma de normas destinadas a darles derechos y protección legal, se escondía en realidad una reforma del Código procesal con el único objetivo de beneficiar más todavía a los delincuentes, a cuya impunidad las víctimas asistían impotentes. “Notable propósito del oficialismo, en una provincia en la que la ola de delincuencia constituye la principal preocupación, y notable burla a la gente que salió meses atrás a los balcones para repudiar la excarcelación de presos con la excusa del Covid”. La actitud de la bancada oficialista, no fue impedimento para que el proyecto consensuado avanzara. En la Comisión de Legislación General, los senadores que quedaron tras la salida del Frente de Todos votaron el despacho de mayoría; la reunión estaba iniciada y sólo se había hecho una pausa. Pero a posteriori los senadores kirchneristas objetaron el procedimiento. Se acordó entonces que este lunes haya una nueva sesión. Si hay acuerdo, hoy se volverá a votar el texto de mayoría, con la presencia de la bancada del Frente de Todos, y alguna leve modificación. Pero si no hay acuerdo, se dará por válida la votación de la semana pasada. De todos modos, para las víctimas, la batalla está lejos de haber sido ganada.
