“No cuenten conmigo”. Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández para ocupar la Procuración General, le envió un mensaje al gobierno nacional. El juez adelantó que no está dispuesto a asumir el cargo si el oficialismo impone su postulación desconociendo las mayorías exigidas por ley o a través de algún ardid parlamentario. “En estas condiciones, no cuenten conmigo, yo no acepto que se elija al Procurador con mayoría simple, modificando el formato tradicional de elección”, precisó. “Prefiero ir a la votación y no conseguir los dos tercios antes que perder mi dignidad”. Con el trámite trabado en el Congreso y ante la imposibilidad de obtener los votos necesarios, el oficialismo dejó trascender en los últimos días que está buscando alternativas para avanzar igual con la nominación de su candidato. Una de esas opciones se debatió en el seno de la comisión Beraldi, creada por el Ejecutivo para legitimar una eventual reforma de la Corte Suprema y otros cambios sensibles en el Poder Judicial. Actualmente, la ley prevé que el jefe de los fiscales debe ser designado con el voto de los dos tercios de los senadores presentes, por eso a los juristas elegidos por “los Fernández” para integrar el comité de expertos, se les ocurrió una modificación legislativa que aceleraría el trámite: que el procurador sea elegido por mayoría simple.
La confesión de Rafecas no sorprendió a sus interlocutores, que conocen el apego a la norma y a las instituciones. Tampoco les llamó la atención las críticas que expresó a la reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo y la férrea defensa que realizó del procurador interino, Eduardo Casal, quien actualmente es víctima de los ataques del kirchnerismo duro, que busca por distintos carriles forzar su renuncia. “Me cuesta entender el esfuerzo que están haciendo para reformar la Justicia con un proyecto que atrasa 50 años. Yo creo que sería más útil avanzar rápidamente hacia el sistema acusatorio, que funcionó muy bien en las provincias donde se hicieron las primeras pruebas, y terminó convenciendo incluso a quienes planteaban algunas resistencias”, analizó. “Atacar a Casal es un disparate; están acatando a todos los integrantes del Ministerio Público y a los fiscales. Me solidarizo con él”, contó. La decisión del magistrado de no aceptar el cargo en las condiciones que pretende promover el Gobierno ya trascendió en los pasillos de Comodoro Py, el edificio judicial donde se tramitan las causas que preocupan y ocupan al poder político.
