Una veintena de embajadores europeos coincidieron en expresar una preocupación generalizada del mundo diplomático y empresarial extranjero por la inseguridad jurídica y falta de previsibilidad de inversión que se desató en la Argentina en las últimas horas tras la decisión de Alberto Fernández de expropiar la empresa Vicentin. El encuentro de embajadores se dio casi por casualidad y fruto de la impuntualidad del ministro de Transporte, Mario Meoni, quien había citado a los diplomáticos europeos y a autoridades de Aerolíneas Argentinas y de la Aviación Civil para empezar a mostrar un esquema ordenado del transporte aéreo post cuarentena. Pero ante la tardanza del ministro los embajadores empezaron a intercambiar opiniones del dato político más sobresaliente e impactante de las últimas horas que no tiene que ver con el COVID-19 sino con la expropiación de Vicentin. La mayoría de los embajadores se mostró sorprendido por la decisión de Fernández y ven con mucha preocupación los efectos negativos que el caso Vicentin puedan tener para las inversiones extranjeras en el futuro post pandemia. “Es obvio que a todos los embajadores y a nuestros países nos genera incertidumbre y preocupación la decisión de avanzar con la expropiación de una empresa privada en la Argentina porque esta es una muy mala señal para los inversores y genera inseguridad jurídica”, expresó sin vueltas un diplomático consultado.
Si bien Alberto Fernández explicó que la expropiación de Vicentin era una decisión “extraordinaria” de su Gobierno, a los diplomáticos europeos no les queda claro si este mensaje será real. Suponen que puedan darse otros casos de expropiaciones, de hecho, varios mencionaron las declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en las que sostuvo que “no vamos a expropiar todas las empresas concursadas”. Al menos dos países europeos se muestran muy preocupados por el caso Vicentin. Uno de ellos es Holanda y el otro Suiza. El primero porque Vicentin tiene una deuda de 100 millones de dólares con una empresa holandesa y nadie sabe si el Estado podrá pagarla en el caso de que se expropie la compañía alimenticia argentina. En el caso de Suiza el tema es que el Gobierno tomó la decisión de avalar la permanencia de la compañía suiza Glencore como socio de la futura empresa intervenida si el Congreso aprueba la nacionalización. Al parecer, la intención del Presidente es que Glencore sea el socio minoritario del proyecto que mantiene con la empresa que hasta ahora manejan las familias Nardelli y Padoan: la joint venture Renova. “No hay unanimidad en la evaluación de este tema y habrá que escuchar a Glencore”, expresó un embajador ayer en la reunión de los 22 diplomáticos europeos.
