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La Unidad de Información Financiera sostuvo que el detenido empresario Lázaro Báez encabezó una “organización” para lavar dinero y administró “millones y millones que corresponden a todos los argentinos” porque provinieron de la obra pública. “No existe otra forma de empezar que partiendo de la persona de Lázaro Báez como cabeza de la organización”, sostuvo al comenzar su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 4 el abogado de la UIF querellante en el caso, Fabián Mérola. Báez “tiene la mayor responsabilidad en esta enorme estructura”, sostuvo en relación al detenido dueño de la empresa “Austral Construcciones”.

“A nuestro modo de ver esto es un caso clásico de lavado de activos y la diferencia está en la enormidad de los fondos y la diversificación de las maniobras”, agregó el letrado del organismo. El dinero provino de “contrato de obra pública estatal” y “se trata de más de 50 millones de dólares lavados en el exterior con maniobras que comprometen al menos siete jurisdicciones en esta compleja ruta del dinero con responsabilidad de 27 personas físicas y numerosas jurídicas”, sostuvo.

“Nos hallamos ante un claro caso de delincuencia transnacional”, afirmó. Al inicio de la audiencia, la defensa oficial del detenido ex abogado de Báez, Jorge Chueco, informó a los jueces que pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que se le informe si su cliente “aparece como víctima de espionaje ilegal” en la causa que lleva ese magistrado, en base a publicaciones periodísticas que lo mencionaron. Báez es juzgado junto a sus cuatro hijos, su ex abogado Chueco, su ex contador Daniel Pérez Gadin y el imputado colaborador Leonardo Fariña, entre otros.

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