Las senadoras del Frente de Todos María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara presentaron un polémico proyecto que buscar eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción, limitar la actividad de los medios de comunicación y de los colegios profesionales, entre otras instituciones. Para justificar su contenido, la iniciativa califica a los procesos judiciales por casos de corrupción como “verdaderos linchamientos mediáticos”, y señala que las publicaciones en los medios “que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado” es un motivo suficiente para anular la prisión preventiva.
La propia Cristina Kirchner tuvo pedidos de prisión preventiva a raíz de las causas en las que se encuentra procesada, sin embargo el Senado nunca avanzó con su desafuero. Allegados a la vicepresidente aseguraron que el texto no fue una iniciativa de CFK ni cuenta con su apoyo explícito. El proyecto enumera nueve condiciones para solicitar la nulidad de las órdenes de detención, entre los que se destacan la “publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.
También, “el incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso” y la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido”. Este último punto es una de las críticas recurrentes del kirchnerismo en el desarrollo del expediente del caso Cuadernos.
En el artículo 7, se circunscribe la aplicación del proyecto de ley a los delitos por corrupción, tipificados como delitos contra la administración pública. “En los últimos años en Argentina hemos sido testigos de las manipulaciones de un sector del Poder Judicial y algunos operadores mediáticos, en relación con causas penales relevantes con el objetivo de obtener resultados políticos, lo que ha transformado a los respectivos procesos judiciales en auténticos linchamientos públicos”, establecieron las senadoras Catalfamo, Ianni, González, Almirón y Pilatti Vergara en los considerandos de la iniciativa.
La abogada Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, afirmó que la iniciativa “no es buena” y “tiene severos problemas en términos penales, desde el artículo primero”. “No es un proyecto feliz en ninguna de sus causas”, agregó.
