El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó a cargo de las causas que instruía el recientemente fallecido Claudio Bonadio. Así lo determinó el azar en un sorteo realizado por la Cámara Federal entre siete magistrados. Por distintos motivos, se habían excusado María Servini, Daniel Rafecas y Luis Rodríguez. Martínez De Giorgi asumirá tareas en el Juzgado 11 por un año o al menos hasta que se realice el concurso que definirá al reemplazante de Bonadio.
La Cámara Federal determinó quien continuará al frente del juzgado donde aparecen desde la causa de los cuadernos hasta la “Operación Puff”, la investigación por lavado de dinero que salpicó al entorno del fiscal Alberto Nisman. La selección se hizo entre 7 de 10 candidatos, ya que tres debieron excusarse. Se trata de Luis Rodríguez, María Servini y Daniel Rafecas. Rodríguez avisó a la Cámara Federal que no podría hacerse cargo de un segundo juzgado por razones familiares de salud. La jueza Servini, a cargo del juzgado 1, reportó que se apartaba de ser sorteada para el juzgado 11 por estar a cargo del juzgado electoral. El tercer excusado de participar para ocupar el juzgado de Bonadio fue Rafecas. El candidato a Procurador General de la Nación explicó que los motivos para ser excluido del bolillero se fundaron en una serie de diligencias que se están haciendo en la causa del Ejercito para poder cerrar todo lo que está pendiente en ese expediente. Rafecas es uno de los que puede abandonar en breve el edificio de Retiro si el oficialismo consigue los votos para que el hoy juez se convierta en el próximo jefe de los fiscales, tal como lo propuso el presidente Alberto Fernández.
Entre las investigaciones que continuará De Giorgi, aparecen una serie de remanentes que quedaron en los expedientes de los cuadernos ya que todas las causas que se abrieron pasaron a juicio oral pero, sin embargo, había tramos de esas investigaciones que no habían sido ratificados por la Cámara Federal o en donde se había ordenado profundizar la investigación. También tendrá que definir la situación de medio centenar de ex intendentes, que habían sido imputados en los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Es que la Cámara Federal confirmó los procesamientos de unos 40 intendentes pero dictó la falta de mérito de otros tantos, y por ello se estaban profundizando una serie de diligencias sobre los jefes comunales para definir en qué situación quedan en el expediente, que ya está próximo a pasar a instancia de juicio oral.
