La justicia federal de Chaco procesó sin prisión preventiva a la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala y le trabó un embargo por un millón de pesos por el presunto delito de “fraude en perjuicio de la administración pública”. Se trata de un expediente en el que la actual legisladora nacional de origen radical es investigada por el supuesto direccionamiento y el presunto pago de sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio chaqueño de Quitilipi, cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, función que ejerció desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, durante dos años.
Una vez conocida esta resolución, que tiene fecha del último día hábil de 2019, la diputada Ayala sostuvo que se trata de “una causa armada” y consideró que “no es serio que un fiscal proceda sin tener pruebas y que una jueza procese también sin pruebas. Yo estoy a derecho y estaré siempre”, asegurando que desde que ganó las elecciones legislativas en 2017 en Chaco, destruyeron su “carrera política”, su “salud” y su “familia”.
“No sé qué quieren”, aseveró la diputada indicando además, que el denunciante en el expediente por el que ahora fue procesada, es un intendente que “estuvo preso por violencia de género y tiene dos juicios del Tribunal de Cuentas por mal desempeño”, en referencia a Carlos Casalboni. “Me sacaron de la política, me proscribió la Unión Cívica Radical y Cambiemos. Terminaron con mi carrera política y con mi salud”, insistió en señalar Aída Ayala, quien tiene dos años más de mandato por delante como diputada.
En la resolución difundida hoy, la jueza federal Zunilda Niremperger entendió, a partir de las pruebas recolectadas en la causa, y las declaraciones y testimonios, que estaba “completamente viciada” la contratación realizada en 2016 por el municipio de Quitilipi a la firma Service Hogar, propiedad de Claudio Alejandro Tolosa, también procesado en el marco del expediente.
