Mauricio Macri firmará en las próximas horas un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que transfiere del Gobierno al Poder Judicial el programa de protección de testigos. Con esta medida el sistema quedará a cargo de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Se espera que el documento que reglamenta el traspaso se publique el jueves en el Boletín Oficial.
La medida responde al reclamo que hicieron varios de los testigos que declararon como “arrepentidos” que temen por su seguridad ante la vuelta del kirchnerismo al poder. Ya que declararon en la Justicia e involucraron a empresarios y exfuncionarios K en causas como los cuadernos de las coimas, La Ruta del Dinero K y Ciccone.
Preocupados ante el cambio de rumbo político los testigos protegidos hicieron sus reclamos ante el Ministerio de Justicia, liderado por Germán Garavano. Desde el Ejecutivo adelantaron que transferirán los recursos que sean necesarios para garantizar el cumplimiento del programa, consigna. Los fondos estarán incluidos en el presupuesto que administra el Consejo de la Magistratura, que recibirá los activos asignados al sistema.
En tanto que Fernández desmintió la versión que sus asesores judiciales estaban de acuerdo con el traspaso y aclaró que nunca fueron consultados al respecto. Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, estamos muy lejos de aprobarlo.
