El 22 de marzo pasado comenzó el juicio oral y público en el que se acusa a ex funcionarios del kirchnerismo por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. En ese juicio están imputados, entre otros, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Jaime dependía de De Vido y es por ello que ambos llegaron a juicio porque a partir de la investigación judicial se los acusó de los delitos de administración fraudulenta y cohecho. Se comprobó que una consultora vinculada a Manuel Vázquez, por entonces asesor y hacedor de negocios sucios de Jaime, cobró coimas millonarias por prestar servicios intangibles en la operación. Desde 2019 el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) integrado por los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, José Martínez Sobrino y Ricardo Basílico enjuicia a Jaime por cuatro casos de corrupción. Las declaraciones de los testigos de la primeras tres etapas de ese juicio ya finalizaron. Hace trece días comenzaron a declarar los testigos del caso por la compra de trenes a España y Portugal. El caso se basó en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que analizó cómo fue la compra de trenes pactada de estado a estado con España y Portugal. Aquel informe de 2012 que dio origen a la causa judicial que llegó a juicio en los últimos días, está siendo repasado en el debate vía Zoom. Es por eso que entre los primeros testigos declararon varios integrantes de la Auditoría General de la Nación que cuando presentó el informe allá por 2012 estaba presidida por el radica Leonardo Despouy. El primero en declarar fue Alejandro Mario Nieva que es uno de los auditores generales designados por el radicalismo y que en 2012 tuvo un papel importante en la realización de aquel informe. Después dio su testimonio Damián Staffa quien en 2012 era el jefe del Departamento de Control de Sector Transporte de la AGN y firmó el informe. También declararon Miriam Insausti quien fue la jefa de todos los profesionales que intervinieron en el informe y Christian Montenegro, uno de quienes inspeccionó parte del material rodante adquirido en España y Portugal. En los próximos meses la fiscal Baigún tendrá que probar la hipótesis de la administración fraudulenta y el cobro de coimas. Los defensores conseguir demostrar la ajenidad de los imputados y los jueces evaluar los testimonios y las pruebas que se sumen al debate. Recién comenzaron a declarar los primeros testigos de unos 60 que fueron aceptados por el Tribunal. Para antes de fin de año, tal vez haya un veredicto. Aunque en días de pandemia los tiempos judiciales son mucho más inciertos que antes.
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