Argentina aún no se pronunció sobre las polémicas elecciones parlamentarias realizadas el último domingo en Venezuela. En esos comicios se registró una fuerte abstención y además se acusó a Nicolás Maduro de poca transparencia democrática para tomar el control absoluto de la Asamblea Nacional, lo que hará que se profundice el enfrentamiento con la oposición que encabeza Juan Guaidó. Ante esta situación el Gobierno argentino todavía no emitió ningún comunicado al respecto. Hay dos factores que explican el silencio argentino. Alberto Fernández no quiere repetir el papelón luego de que el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, rechazara el informe de Michelle Bachelet que prueba y condena la represión ilegal del chavismo en Venezuela. La otra cuestión que complica una definición es la política doméstica. Fernández y su canciller prácticamente no se dirigen la palabra desde la semana pasada, cuando Felipe Solá inventó parte de un diálogo con Joe Biden y provocó un escándalo diplomático en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El jefe de Estado decidió mantener al funcionario en el gabinete en medio de rumores y versiones que incluyen nombres de su futuro reemplazante, pero la relación está en su peor momento. Estos dos elementos se suman a un escollo insalvable para el Poder Ejecutivo: el Presidente sabe que cualquier definición que adopte provocará enojos en la coalición gobernante, integrada por dirigentes que condenan la dictadura chavista y por otros que respaldan a Maduro incondicionalmente. El régimen de Maduro retomará el control del Parlamento, que perdió en 2015 cuando la participación ciudadana llegó al 71%, en unas elecciones que no son reconocidas por la comunidad internacional. Según detalló el Gobierno chavista la participación ciudadana fue del 31%, lo que supone algo más de 5,2 millones de electores. La alianza oficialista venezolana del Gran Polo Patriótico (GPP), que incluye a todas las fuerzas chavistas, encabezada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Nicolás Maduro, se impuso con el 67,6 % de los votos, de acuerdo a lo que informó este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE). 18 países americanos se pronunciaron de manera conjunta declarando que las elecciones carecen de legalidad y legitimidad.
Antes de esta presentación, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, había sido uno de los primeros en calificar a los comicios como “un fraude y una farsa, no una elección”. A través de sus redes sociales, el funcionario expresó que “el fraude electoral de Venezuela ya se ha cometido. Los resultados anunciados por el ilegítimo régimen de Maduro no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano”. También la embajada virtual de EEUU en Venezuela describió a Maduro como un falso mandatario, que “celebra una farsa de elección para montar una asamblea nacional falsa”. En su cuenta de Twitter remarcaron: “Tenían el fraude preparado de hace meses con resultados convenidos, sin importar lo que pasara. Solo buscan fotos de votantes, no muestran cómo extorsionan, con votos forzados”. Colombia, país limítrofe con Venezuela, publicó un comunicado a través de su cancillería en el que afirmó que “no reconoce los resultados de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre promovidas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro sin las garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades, justicia y transparencia del sistema democrático”. La Unión Europea no reconocerá el resultado de los comicios porque considera que no cumplen los mínimos estándares democráticos y esa será la reacción de los jefes de la diplomacia cuando se reúnan este lunes en Bruselas, en un encuentro previsto de antemano, pese a celebrarse el día después de las elecciones legislativas.
