La Corte Suprema cerró definitivamente la causa judicial que había sido iniciada por las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Mauricio Macri, para que el Instituto Patria revele la identidad de sus socios e informe cómo se financia. El Máximo Tribunal clausuró la investigación luego que la actual gestión de la IGJ, a cargo de Ricardo Nissen, desistió del recurso extraordinario contra un fallo de la Cámara Civil. La causa comenzó en 2017 con una sanción aplicada por el entonces titular de la IGJ, Sergio Brodsky, contra el Patria porque se negaba a presentar el listado de socios. A mediados de 2018, la Cámara Civil sostuvo que los socios estaban alcanzados por la Ley de Protección de Datos Personales y le dio la razón a la asociación civil. “No existen dudas de que la nómina de datos completos de los asociados del Instituto Patria (…) encuentra su límite en la ley 25.326 dado que se trata de datos sensibles de los integrantes de aquel colectivo, al revelar, la afiliación a la entidad actora, la opinión política de aquellos”, decía ese fallo en su párrafo central. La Inspección General de Justicia (IGJ), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación y está a cargo del control de las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones, apeló ante la Corte Suprema y al mismo tiempo presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura contra los tres jueces que firmaron el fallo: Gabriela Iturbide, Marcela Pérez Pardo y Víctor Liberman. Esa denuncia, luego del recambio del Consejo, quedó bajo la instrucción de la diputada Graciela Camaño.
En la apelación ante la Corte, la IGJ sostuvo que está dentro de sus facultades el control de las asociaciones civiles y que el antecedente de la Cámara Civil llevaría a otras entidades a tomar la misma postura de no aportar datos. En respuesta a esos movimientos, Oscar Parrilli presentó una denuncia penal contra el ex titular de la IGJ. La presentación fue desestimada por la jueza María Servini, pero la decisión fue apelada por la fiscal Paloma Ochoa. En medio de la pelea judicial, Brodsky también le pidió a la Cámara Electoral que evalúe la pertinencia de inscribir al Instituto patria como un partido político y, de así considerarlo, se intime a la mentada asociación civil a que se adecúe y continúe su vida bajo las previsiones de la Ley 23.298/85 (se trata de ley orgánica de los partidos políticos)”. Esa presentación se basaba en los argumentos que expuso la Cámara Civil cuando rechazó un planteo judicial de la IGJ para que el Instituto Patria revele la identidad de sus socios.
