El juez Martín Miguel Rizzo, quien entiende sobre la causa abierta por toma ilegal de terrenos en el barrio Numancia de Guernica, decidió postergar el desalojo, que debía comenzar el 23 de septiembre pasado a pedido de Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, para el jueves 1 de octubre. La idea era “lograr una desocupación pacífica del predio en conflicto”. Sin embargo, hasta el día de hoy eso no se consiguió. Los representantes de los cuatro barrios que se formaron en el predio privado, 9 de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión, tienen decidido no abandonar el predio si no hay una propuesta clara de las autoridades sobre cuál o cuáles serán los lugares de traslado. Antes de la fecha límite, se presentará de manera formal la propuesta que estudia Kicillof junto a Larroque e intendentes del conurbano. Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, ya tiene preparado al pelotón de 500 policías bonaerenses que serán destinados al desalojo compulsivo si el acuerdo no se sella. Según los últimos informes que le llegaron a Berni, los delegados que “mueven” las decisiones en las asambleas que se realizan en el predio tomado pertenecen al Partido Obrero (PO), al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el espacio de la Organización Barrios de Pie que responde a Jorge Ceballos. En principio, la propuesta con la que se trabaja es la de adquirir las tierras en Guernica, cerca de la toma, para trasladar, al menos a las 650 familias de Presidente Perón que fueron censadas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
El censo determinó que el segundo número de familias pertenece al vecino municipio de Almirante Brown y en menor medida a Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Quilmes y La Matanza. Para el resto de los ocupantes del predio se estudia la posibilidad de otorgarles un subsidio de 50.000 pesos para que con esa suma puedan ingresar a un alquiler de una vivienda digna, o comprar una parcela de tierra donde construir una vivienda con la ayuda del Estado a través de programas especiales para ese fin. En este último caso, está previsto realizar un seguimiento “familia por familia”, para que el dinero sea invertido en una solución habitacional y que después no aparezcan tomando terrenos en otro lugar. Si las casi 70 familias de Almirante Brown ingresan a este sistema de subsidios, o se les compra tierras aún no está definido. “Lo complejo del diseño del plan que se presentará en el juzgado y a la mesa de diálogo no es sencilla porque se toma en cuenta las necesidades de cada familia. El censo ya nos dio un dato incontrastable de las 2.344 parcelas tomadas, sólo se acercaron para responder el cuestionario 1.904 representantes de familias. El resto no lo hicieron porque son delincuentes y no quieren entregar sus datos, o porque tienen otras intenciones como vender los terrenos que ocuparon”, explicó un funcionario que trabaja codo a codo con Larroque. La propuesta que se está elaborando se perfiló después de horas y horas de diálogo que Larroque mantuvo con los alcaldes, con Kicillof y un grupo de referentes sociales, entre ellos Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el diputado Carlos Alderete.
