La oposición y grandes sectores de la sociedad afirman que el objetivo político que hay detrás de la Reforma Judicial, es colonizar la Cámara Federal Penal que debe tratar todas las causas de corrupción pública que involucran a la vicepresidente Cristina Fernández. El Gobierno pretende una mayoría automática en esa Cámara Federal y planea una estrategia que se apuntala en los tecnicismos del Consejo de la Magistratura, ciertas facultades constitucionales previstas para el Presidente y, la inexpugnable mayoría del peronismo en la Cámara de Senadores. El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado aprobó ayer por mayoría un dictamen que apoya la Reforma Judicial enviada por Alberto Fernández al Congreso. Ese dictamen fue rechazado por la oposición y es el paso institucional necesario para lograr que la iniciativa oficial obtenga su media sanción de la Cámara Alta. Si la negociación ya emprendida por el Gobierno cumple todos los ritos del regateo parlamentario, la Cámara de Diputados sancionará la iniciativa oficial hacia fines de septiembre. Pese a los cuestionamientos de la oposición y a las críticas perpetuas de la opinión pública. La Vicepresidente necesita desplegar una mayoría automática en la Cámara Federal que reemplace a los jueces independientes que fallaron en su contra, cuando comprobaron que había suficiente evidencia para probar su responsabilidad penal en determinados casos de corrupción pública.
La ofensiva contra la Cámara Federal Penal es minuciosa y se mueve a la velocidad de la luz. Martín Irurzun es un camarista federal respetado en Comodoro Py y la Corte Suprema y odiado por Cristina Fernández. Irurzun tiene la piel curtida y durante sus años en Tribunales ya vio pasar a dos dictadores, diez presidentes y más de treinta ministros de Justicia. En las últimas horas, un puñado de diputados oficialistas presentó en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra Irurzun por “mal desempeño” en sus funciones. Se trata de una típica operación de acoso y derribo contra un camarista federal que enfrenta operaciones políticas desde 1987. Junto a la ofensiva contra Irurzun, la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura, Alberto Fernández y la bancada justicialista en el Senado iniciaron una profunda arremetida contra los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Consideran que Bruglia y Bertuzzi están violando el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, y por lo tanto deben abandonar la Cámara Federal porteña. El próximo 4 de septiembre habrá audiencias oficiales para analizar la situación legal de Bruglia y Bertuzzi, pero la mayoría kirchnerista ya decidió: deberán regresar al TOF 4, a la espera de un fallo reparador de la Corte Suprema, que hace dos años interpretó que es constitucional un traslado horizontal en el mismo fuero.
El desplazamiento de Bruglia y Bertuzzi puede causar una fuerte movilización social y provocar además un conflicto de poderes entre el Senado y los Tribunales. Si la Cámara Alta ordena su traslado inverso y la justicia en lo contencioso y administrativo federal mantiene el amparo para bloquear esa posibilidad parlamentaria, se habrá llegado a una instancia política que sólo puede compararse con la Resolución 125 y el conflicto del campo.
