Una compra directa de respiradores que nunca llegaron, terminó en un escándalo en el gobierno de Axel Kicillof. En el inicio de la cuarentena, la administración provincial decidió comprar 200 respiradores con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La contratación directa benefició a una empresa local con antecedentes en el rubro. El expediente establecía un pago anticipado de $124 millones, un 40% del total. A comienzos de abril, la firma Aeromedical SA cobró el anticipo pero nunca pudo cumplir con lo pactado y terminó denunciando por estafa a su proveedor, el mismo que terminó preso por la venta de 5 millones de barbijos a la Ciudad de Buenos Aires. La contratación por parte de la Provincia se hizo efectiva el 2 de abril a través de la orden de compra 05/20. Ese mismo día, Aeromedical sub contrató a Damián Nevi, un comerciante que decía importar los respiradores desde China pese las restricciones. El 30 de marzo, Nevi y Fernández mandaron un presupuesto por 200 respiradores invasivos de la marca General Electric. El valor de cada uno era de $1.040.000 más IVA. Nevi prometía traer 250 respiradores. La contratación de Aeromedical con la Provincia se canalizó través del Programa 16/006 de Naciones Unidas vigente desde 2016. Ese mismo Programa permitió solventar los insumos que llegaron desde China en los aviones de Aerolíneas Argentinas. En esos cargamentos, había barbijos, mascarillas y trajes, pero no llegaron los respiradores.
La única compra de respiradores conocida hasta ahora era con la empresa Cegens, de José C. Paz, que entregó 30 equipos. Luego entró en vigencia una prohibición del Ministerio de Salud de la Nación para la comercialización de respiradores a privados y Estados provinciales o municipales. “La Provincia recibió respiradores comprados por el Gobierno nacional y los distribuyó entre los municipios”, dijeron fuentes oficiales. La compra a la empresa Cegens no fue la única. El 2 de abril, Aeromedical le pagó a su proveedor un anticipo de $68.952.000. Lo hizo mediante un cheque. El monto equivalía al 30% del total acordado con Nevi. Doce días después, Nevi se volvió a contactar con el dueño de Aeromedical por Whatsapp. Se quejó de que el cheque había sido rechazado y amenazó con voltear la operación. Pese a las dificultades para operar con los bancos, los dueños de esa firma decidieron hacer una transferencia. Ya se habían comprometido a entregar los respiradores dos semanas después de la firma del contrato. El dinero se transfirió a una cuenta personal de Nevi en el Banco Credicoop, la misma que utilizó para cobrar el anticipo de los barbijos. El 11 de mayo, según consta en la denuncia judicial, el comerciante fue hasta las oficinas de Aeromedical: aseguró que ya había importado 90 equipos y que los otros 110 estaban en camino desde Hong Kong. Una semana después, el dueño de Medinsumo terminaría detenido por el caso de los barbijos. Los dueños de Aeromedical tomaron contacto con un agente de carga que había participado de la operación. Las novedades no eran buenas: los respiradores que habían llegado a Ezeiza no eran los mismos que había comprado la Provincia. No coincidía ni la marca ni el modelo. No sólo eso: era equipos no invasivos, es decir, aquellos que se aplican a pacientes con problemas respiratorios menos graves y se utilizan con mascarillas ajustadas a la boca.
La empresa terminó denunciando por estafa a Nevi. La firma se limitó a decir que “actuaron de buena fe” y destacaron su trayectoria en el rubro de los insumos médicos. La detención de Nevi por la estafa con los barbijos precipitó la caída del contrato entre la empresa y la Provincia por un total de 310 millones ($280 millones más IVA). La documentación muestra que se iba a pagar $1.402.714 por cada respirador (más los impuestos) cuando el costo unitario era de $1.040.000. El contrato se rescindió formalmente el 2 de junio, tres meses después del acuerdo. Ese documento lleva la firma de María Victoria Anadon, Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Salud bonaerense. Para la empresa significó una pérdida millonaria porque ya había transferido casi 70 millones a Nevi y tuvo que afrontar el costo de una póliza de caución exigida en el contrato.
