El deslave que golpeó con furia las regiones montañosas de Nepal y China se convirtió en una crisis de Estado. Con un saldo provisional de 955 víctimas fatales, 939 en Nepal y 16 en el Tíbet y miles de desaparecidos, la catástrofe expone la fragilidad de las infraestructuras y la urgencia de respuestas coordinadas entre gobiernos. El primer ministro nepalí, Balendra Shah, reconoció la magnitud del desastre en un mensaje cargado de dramatismo político: “Nuestro país se enfrenta a un desastre natural de una magnitud inimaginable y desgarradora, pero avanzamos con determinación para proteger la vida de los ciudadanos”. Sus palabras buscan transmitir firmeza en medio de la devastación, mientras las autoridades intentan sostener la confianza pública. En el terreno, la situación es crítica. Carreteras arrasadas, pueblos sepultados y más de 2.500 edificios destruidos en el valle del río Trishuli, según datos satelitales del observatorio europeo Copernicus. Los equipos de rescate —militares, policías y guías locales— trabajan día y noche, asistidos por especialistas de India, China y Corea del Sur, en condiciones que el propio jefe policial de Nuwakot describió como “inmensamente difíciles”. La tragedia también dejó espacio para gestos de esperanza: el rescate de una niña de seis años bajo los escombros fue celebrado como un milagro por la policía nepalí. Sin embargo, el drama persiste con un centenar de obreros atrapados en un túnel y miles de familias sin noticias de sus seres queridos. Del lado chino, la emergencia se concentra en el puesto fronterizo de Gyirong, borrado por las aguas. Expertos atribuyen el origen del desastre al colapso de un glaciar que transformó un río apacible en un torrente devastador, un fenómeno que reaviva el debate sobre el impacto del cambio climático en la región. El paso constante de helicópteros y patrullas permitió evacuar a miles de personas, pero la cifra de desaparecidos, 3.925 en Nepal y 546 en China, mantiene en vilo a las autoridades. Entre ellos figuran turistas, peregrinos y trabajadores extranjeros, lo que convierte la tragedia en un asunto de alcance internacional. La catástrofe no sólo es humanitaria: se ha convertido en un desafío político y diplomático para ambos países, obligados a demostrar capacidad de gestión en medio de la devastación.
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