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La relación comercial entre Canadá y Estados Unidos atraviesa su momento más crítico en décadas. El gobierno de Ottawa anunció un paquete de represalias por 20.000 millones de dólares en bienes estadounidenses, que incluye acero, productos lácteos, maquinaria agrícola y artículos de consumo cotidiano como ropa, cosméticos y papel higiénico. Los gravámenes, que alcanzan hasta el 50%, marcan un salto cualitativo en la confrontación con la administración de Donald Trump. El primer ministro canadiense, Mark Carney, acusó a Washington de intentar subordinar a su país y denunció que las exigencias planteadas en las negociaciones comerciales buscaban “destruir nuestras principales industrias”. La respuesta de Trump no se hizo esperar: el lunes advirtió que Canadá debía “alinearse” o enfrentar consecuencias “mucho peores” que los aranceles vigentes, amenazando con nuevas tasas sobre vehículos y autopartes. La disputa escaló aún más con un gesto simbólico: Trump sugirió rebautizar el lago Ontario como “Lago América”, recordando su decisión unilateral de renombrar el Golfo de México el año pasado. Para Ottawa, estas provocaciones refuerzan la narrativa de que Washington busca imponer su hegemonía más allá del terreno económico. Los nuevos aranceles canadienses entrarán en vigor el 8 de septiembre, replicando las tasas estadounidenses sobre más de 700 productos. Funcionarios de Ottawa subrayaron que la medida no busca recaudar, sino proteger a las empresas locales y reducir la dependencia de importaciones. El gobierno acompañará la ofensiva con un paquete de apoyo de 7.500 millones de dólares canadienses para trabajadores y compañías afectadas. La guerra comercial amenaza con desestabilizar cadenas de suministro profundamente integradas en sectores clave como el automotor, energético y agrícola. Empresarios de ambos lados de la frontera advierten que los costos recaerán sobre consumidores y pequeñas empresas. “Decir que no necesitamos a Canadá es simplemente deshonesto”, expresó Michael Howard II, dueño de un negocio de muebles en Michigan, reflejando la incertidumbre que atraviesa la economía real. Carney, en un mensaje en francés, fue categórico: “Aprendimos que los estadounidenses quieren destruir nuestras principales industrias. Esa fue una de las razones por las que dijimos que no. Era un mal acuerdo”. El premier también rechazó que las protecciones culturales y lingüísticas de Quebec pudieran ser negociables, defendiendo que “son derechos” y no concesiones.

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