En la previa de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, el Gobierno eligió endurecer su relato y marcar el terreno político. En una conferencia en el Ministerio de Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello y el subsecretario Alejandro Álvarez se plantaron con un discurso que buscó desarmar la épica de la protesta y encuadrarla como una movida de la oposición. Álvarez reconoció que los reclamos salariales son legítimos, pero subrayó que la convocatoria “está teñida de intereses políticos”, señalando la foto de rectores junto a Axel Kicillof y la adhesión de la CGT como pruebas de esa trama. “Si fuera un reclamo estrictamente universitario, no necesitaría actores externos”, disparó. Pettovello, por su parte, apeló a la “batalla cultural” y a la necesidad de explicar que el Ejecutivo no busca cerrar universidades, sino transparentar el uso de los fondos públicos. “Hay que desmitificar el monstruo sagrado de la universidad pública”, sostuvo, en referencia a la discusión sobre el financiamiento. La marcha exige la aplicación de la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso, que prevé aumentos salariales ajustados a la inflación. El Gobierno, sin embargo, argumenta que la norma es “abstracta” y que la única ley vigente es la de Presupuesto. Las universidades, respaldadas por fallos judiciales, esperan ahora la definición de la Corte Suprema. El contrapunto se extiende también a los hospitales universitarios: más de 79 mil millones de pesos sin ejecutar son el nuevo campo de disputa. Mientras tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional advierte que las transferencias cayeron un 45,6% desde fines de 2023, dejando a las instituciones “a la mitad de sus capacidades”. La jornada mostró a un Gobierno decidido a instalar la idea de que la movilización no es un reclamo académico aislado, sino un capítulo más de la pulseada con la oposición. La calle, una vez más, se convirtió en escenario de la disputa por el sentido de la universidad pública.
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