El oficialismo se mueve en dos frentes simultáneos y con la mirada fija en el Congreso. Mientras la Cámara de Diputados escuchó la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Senado se convirtió en el verdadero epicentro de la estrategia parlamentaria: allí se discutieron dos piezas clave que pueden marcar el pulso político de las próximas semanas. Por un lado, el acuerdo con los bonistas que quedaron fuera de los canjes de deuda tras el default de 2001. El Gobierno busca cerrar un capítulo que lleva más de dos décadas abierto y que ahora se traduce en un compromiso de pago de 171 millones de dólares, con dictamen de las comisiones de Presupuesto y Economía bajo la conducción del libertario Agustín Monteverde. El entendimiento, alcanzado en tribunales de Nueva York con la jueza Loretta Preska, prevé un desembolso de 67 millones en efectivo para Bainbridge Fund y otros 104 millones para el grupo Attestor, ambos con sentencias firmes contra el país. En paralelo, el Ejecutivo impulsa la reforma de la Ley de Salud Mental, a 15 años de su sanción. La iniciativa plantea redefinir criterios de internación involuntaria y ajustar conceptos legales para dar respuesta a situaciones críticas que, según el Gobierno, quedaron desatendidas por vacíos normativos. El proyecto también toca la Ley de Prevención de la Tortura y artículos del Código Civil y Comercial, con el argumento de alinear la normativa a estándares internacionales y a la realidad sanitaria de cada provincia. La política de alianzas también se activa: senadores de La Libertad Avanza, junto a referentes del PRO, la UCR y bloques provinciales, se reunieron con el ministro de Economía, Luis Caputo. En la mesa se discutieron reclamos de gobernadores por obras públicas y economías regionales, pero el mensaje central fue claro: sostener el equilibrio fiscal como columna vertebral del programa económico. Entre los presentes estuvieron Eduardo Vischi, Carlos Espínola, Carlos Arce y Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado.
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