El apremio de Axel Kicillof para intentar el diferimiento de pago de 250 millones de dólares que vencen el 26 de enero, puso en tensión la relación de la Provincia y del Estado nacional con los acreedores externos. El gobernador explicó que “la provincia de Buenos Aires es un capítulo más del endeudamiento de la Nación”. Por eso, ató el estiramiento de los plazos de este primer vencimiento del año hasta el 1° de mayo a lo que logre negociar la Nación, una fecha que está en consonancia con los tiempos resueltos por Alberto Fernández para renegociar los pasivos. El presidente fijó el 31 de marzo como límite de esa negociación.
El riesgo es el default, ello podría ocurrir si las tres cuartas partes de los tenedores del bono emitido durante el 2011 en la gestión de Daniel Scioli, no aceptan la propuesta del diferimiento. Transcurridos diez días hábiles, después del 26 de enero, se declararía la cesación de pagos, lo que representaría una situación de litigio gravoso, bajo legislación de Nueva York.
Las demás provincias realizan un seguimiento apretado de esta nueva realidad planteada por Kicillof. Algunas reaccionan a tiempo. Córdoba, por ejemplo, a través de Juan Schiaretti, decidió un tránsito distinto: antes de la reunión con el ministro de Interior, Wado de Pedro, el gobernador envió un comunicado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires anunciando el pago de 16.031.259 de dólares en concepto de intereses de su bono CO27, con fecha de vencimiento el próximo 3 de febrero. Claro que las comparaciones son relativas. Córdoba tiene al 29 de noviembre 2019, una deuda neta de 150 millones de dólares. El estado bonaerense 11.263 millones de dólares. El 82% en moneda extranjera, sólo en la gestión actual deben afrontarse vencimientos por 8.800 millones de billete verde.
