Cristina Fernández, a través de sus abogados pidió a la Cámara N°2 de Casación, ser sobreseída junto a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, en la causa Hotesur-Los Sauces. “Las pruebas incorporadas a la causa corroboran, fuera de toda posible discusión y sin necesidad de llevar a cabo un juicio oral, que los hechos no satisfacen ninguna tipicidad penal. Por ello, el sobreseimiento dictado debe ser confirmado”, expresaron sus abogados en el pedido. El fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, había pedido el 10 de noviembre a los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa anular el sobreseimiento de la vicepresidente Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia en la causa Hotesur- Los Sauces y que se lleve adelante el juicio oral y público. El Tribunal Oral Federal N°5 había cerrado las causas que investigaban a la funcionaria y a sus hijos por los delitos de asociación ilícita y lavado dinero un año atrás. Ahora, la Cámara deberá definir si hace lugar al pedido o si, en cambio, da luz verde para que inicie el juicio oral contra la vicepresidente y sus hijos. De un tiempo a esta parte Fernández retomó su agenda judicial con fuertes embates a los tribunales y el reciente anuncio de recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa que investiga el intento de ataque contra la vicepresidente. Esta saga de ataques contra el poder judicial se explica en la preocupación que genera en CFK la posible reactivación de una causa en su contra y el desenlace que podría tener el expediente de Vialidad antes de que culmine el 2022, un caso en el que por primera vez podría ser condenada. En la causa Hotesur-Los Sauces, se investigaba a CFK y a su familia, por supuestas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita a través de la inmobiliaria familiar. La Justicia investigó el supuesto pago de retornos por parte de empresarios cercanos al poder como Lázaro Báez y Cristóbal López. Los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg pertenecientes al Tribunal Oral Federal N°5 habían entendido que no había prueba nueva y que no se aplicaría la ley más benigna al tratarse de una maniobra de autolavado que no era punible al momento que comenzó a ejecutarse el delito.
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