La Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora resolvió dejar sin efecto la medida de la jueza Marta Elba Pascual, quien había suspendido por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Con este fallo, la normativa recupera plena vigencia y se reaviva el debate sobre la relación entre poderes y la capacidad del Estado para enfrentar el desafío. Los magistrados remarcaron que las leyes sancionadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo gozan de presunción de legitimidad, y que sólo pueden ser neutralizadas mediante una declaración de inconstitucionalidad en casos concretos. En ese sentido, advirtieron que la suspensión general de una norma nacional constituye un “grave menoscabo al sistema republicano de gobierno”. La jueza Pascual había fundamentado su decisión en la falta de infraestructura y recursos de la Provincia para alojar a más adolescentes en el sistema penal, alertando que el encierro sin educación ni tratamiento no garantiza mayor seguridad. “No romantizo a los chicos que salen con un arma, pero esta ley no va a crear más seguridad”, había declarado. El tribunal, sin desconocer la situación crítica de los jóvenes privados de libertad, sostuvo que corresponde a cada juez adoptar medidas urgentes en casos particulares, pero no suspender de manera preventiva una ley nacional. El fiscal general departamental reforzó esta postura al señalar que la cautelar se basó en hipótesis futuras sin pruebas objetivas de afectación concreta a derechos fundamentales. La discusión expone un dilema político de fondo: la tensión entre la necesidad de aplicar reformas legislativas y la capacidad real de las instituciones provinciales para garantizar condiciones dignas de detención. Mientras tanto, organizaciones como la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que promovieron el hábeas corpus colectivo, insisten en que la reforma incrementará el hacinamiento y la violencia en los centros de detención. El fallo de la Cámara marca un precedente sobre los límites del poder judicial frente a leyes nacionales y abre un nuevo capítulo en la disputa por la implementación del régimen penal juvenil en la Argentina.
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