Esta semana, la expresidenta Cristina Fernández, sufrió un nuevo traspié en los tribunales. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la queja presentada por su defensa contra los embargos preventivos dictados en el marco de la causa Vialidad. La resolución fue rubricada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes consideraron que el planteo carecía de sustento jurídico suficiente. En paralelo, el Tribunal Oral Federal N°2 desestimó un pedido de Florencia y Máximo Kirchner, socios de las firmas Los Sauces y Hotesur, que buscaban frenar el decomiso de bienes vinculados a esas sociedades. La defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, había cuestionado la medida cautelar sobre inmuebles, incluido el departamento de San José 1111, donde la exmandataria cumple actualmente su condena de seis años de prisión. El TOF N°2 había ordenado el 11 de agosto un embargo preventivo por la suma de casi 685 mil millones de pesos, con el objetivo de preservar los activos hasta que se defina su decomiso definitivo. Frente a ello, la Cámara Federal declaró inadmisible el recurso de impugnación, al sostener que no existía un “agravio personal, concreto y actual” conforme al artículo 432 del Código Penal. Beraldi había advertido que la medida, aunque cautelar, se asemejaba a una sentencia definitiva por el riesgo de desapoderamiento de los bienes. Sin embargo, los camaristas descartaron esa interpretación y remarcaron que las cautelares no constituyen sentencias firmes ni generan perjuicios irreparables. En su fallo, subrayaron que el eventual impacto sobre la situación habitacional de la expresidenta es “meramente conjetural”.
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