El Gobierno nacional resolvió aplazar la apertura de sobres en la licitación destinada a avanzar con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La instancia, prevista para esta semana, se trasladó al 15 de septiembre tras los pedidos de varias compañías que reclamaron más tiempo para cumplir con los requisitos formales. Desde el Ejecutivo se subrayó que la prórroga busca ampliar la competencia y garantizar una mayor participación de oferentes. El corrimiento del calendario no modifica las condiciones esenciales del proceso, aunque sí extiende todas las etapas en la misma proporción. La operación contempla que el 90% del paquete accionario quede bajo control privado, mientras que el 10% restante se reservará para los trabajadores. Los contratos de concesión, aprobados en abril, fijan un plazo de 30 años con posibilidad de prórroga por una década adicional. Durante ese período, AySA mantendrá la explotación exclusiva del servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, entre ellos La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, San Martín, San Isidro, Tigre y Merlo. En una segunda fase, se prevé una oferta pública inicial para colocar un 39% de las acciones en el mercado bursátil, mientras que el 10% seguirá en manos de los empleados. Paralelamente, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario 2027-2031, que fija compromisos de inversión, mantenimiento y obras de infraestructura. La resolución garantiza estabilidad en los cuadros tarifarios, manteniendo el nivel vigente sin aumentos reales durante todo el período. La BAR (Base de Activos Regulatorios) inicial fue establecida en 790.074,6 millones de pesos, cifra que refleja el valor económico de la infraestructura utilizada por la empresa y sobre la cual se calcularán las inversiones reconocidas y la rentabilidad regulada. En definitiva, la prórroga abre un compás de espera en un proceso estratégico que combina intereses empresariales, laborales y regulatorios, y que definirá el futuro del servicio de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
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