La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió dar un giro decisivo en su política de fiscalización: la factura en papel comienza a quedar atrás. Con la Resolución General 5893/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el director ejecutivo Andrés Vázquez, el organismo amplía la obligación de emitir comprobantes electrónicos a sectores que hasta ahora estaban exceptuados. La medida alcanza a pequeños contribuyentes fuera del régimen de IVA, a quienes integran el Régimen Simplificado y el Régimen de Inclusión Social, así como a los inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. El objetivo declarado es claro: mayor trazabilidad en las operaciones, transparencia en la información y alivio en la carga administrativa de quienes deben presentar declaraciones de Ganancias e IVA. El texto oficial señala que la decisión responde a un pedido del Ministerio de Capital Humano, que reclamaba mecanismos más eficientes para reducir costos de cumplimiento. En ese marco, los monotributistas sociales que no cuenten con un punto de venta habilitado recibirán uno de manera automática, vinculado al servicio “Comprobantes en línea” y a su domicilio fiscal. La resolución establece un cronograma de implementación: entrará en vigencia el 1° de noviembre de 2026, aunque las entidades de seguros que realicen operaciones no alcanzadas por el IVA deberán adaptarse desde la publicación misma de la norma. Para los contribuyentes fuera del IVA, la obligación de facturar electrónicamente regirá recién a partir del 1° de marzo de 2027. En términos políticos, la decisión marca un endurecimiento del control fiscal y un avance en la digitalización tributaria. ARCA envía un mensaje contundente: la informalidad administrativa pierde terreno frente a un Estado que busca ampliar su capacidad de control y modernizar la relación con los contribuyentes.
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