La semana amaneció con un aire de tensión en los pasillos de Comodoro Py. El Tribunal Oral Federal N°7 vuelve a ocupar el centro de la escena: allí se decidirá si prosperan los múltiples intentos de las defensas por desactivar el juicio de la llamada causa Cuadernos. Las presentaciones son variadas, pero todas apuntan a un mismo objetivo: frenar el debate. La defensa de Cristina Fernández, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, reclama la nulidad total del proceso, cuestionando la intervención del fallecido juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. A ese planteo se suman otros: la validez de la Ley del Arrepentido, la autenticidad de los cuadernos de Oscar Centeno, y la suspensión del juicio por pruebas aún pendientes, como pidió Maximiliano Rusconi en representación de Julio De Vido. Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte, busca directamente el sobreseimiento: sostiene que los delitos que se le imputan ya habían prescrito cuando fue citado. En paralelo, varias defensas insisten en apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante, lo que debilitaría la acusación. Frente a esa batería de recursos, la fiscal Fabiana León endureció su postura. En la última audiencia advirtió que aceptar tales planteos abriría la puerta a la prescripción de delitos graves y denunció que las defensas intentan reeditar obstáculos ya superados. “La sociedad tiene derecho a conocer los hechos y las pruebas”, lanzó, en un discurso que buscó blindar la continuidad del proceso. El próximo paso, si los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero rechazan las nulidades, será iniciar las indagatorias. Allí se abre otro frente: la fiscalía exige que las audiencias sean presenciales en Comodoro Py, mientras el tribunal se mantiene en modalidad virtual, único en el Palacio de Tribunales que conserva esa dinámica. La acusación sostiene que durante el kirchnerismo funcionó un esquema sistemático de recaudación ilegal, con empresarios de la construcción, energía y transporte entregando dinero a cambio de beneficios. Un engranaje aceitado, con dos canales paralelos pero complementarios, según la fiscalía.
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