En febrero, el bolsillo de las familias del Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a sentir el peso de la política tarifaria. El costo de los servicios públicos y el transporte trepó a $192.181, una cifra que, aunque apenas retrocedió un 0,3% respecto de enero, se mantiene 33% por encima del mismo mes del año pasado. El dato, surgido del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), expone la tensión entre la economía doméstica y las decisiones regulatorias. La explicación técnica es clara: el consumo de electricidad, gas y agua se redujo por factores estacionales, lo que amortiguó el impacto de los aumentos en los cuadros tarifarios. Sin embargo, el alivio es relativo. Para quienes ya no cuentan con subsidios, la factura se disparó un 21%, mientras que los usuarios sin beneficios previos enfrentaron un incremento del 7,4%. El trasfondo político es aún más contundente. Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos se multiplicó casi seis veces (593%), frente a un aumento del 200% en el nivel general de precios. El transporte emerge como protagonista: su boleto subió 56% interanual, aportando más de la mitad del incremento total de la canasta. Gas, electricidad y agua acompañaron con alzas de entre 18% y 37%. La implementación del nuevo esquema de subsidios (SEF) en febrero marcó un quiebre. La cobertura de costos por parte de las tarifas pasó del 52% al 65%, un salto de 13 puntos que refleja la decisión política de reducir la asistencia estatal y trasladar mayor carga a los usuarios. En términos salariales, la canasta de servicios públicos representa hoy el 11% del ingreso promedio registrado, un indicador que desnuda la pérdida de capacidad adquisitiva: un sueldo alcanza para comprar nueve canastas, cuando un año atrás permitía adquirir casi diez. La crónica de febrero no es sólo un registro económico: es un capítulo más en la disputa por el modelo de subsidios y la sostenibilidad fiscal. El ajuste tarifario, presentado como inevitable, se convierte en un campo de batalla donde se cruzan la necesidad de equilibrar cuentas públicas y el costo social de trasladar la carga a los hogares.
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