Junio arrancó con un clima económico cargado de tensiones que se sienten en cada aspecto de la vida cotidiana. Apenas iniciado el mes, una seguidilla de aumentos comenzó a golpear en áreas sensibles: transporte, energía, salud y educación privada, mientras el Gobierno insiste en sostener la idea de que la inflación continúa retrocediendo. En el área metropolitana, los colectivos ajustaron sus tarifas: el boleto mínimo en la Ciudad trepó a $788,28 y en la Provincia alcanzó los $1015,61. A mediados de mes, las líneas nacionales del AMBA aplicarán otro incremento, fijando el pasaje mínimo en $728,28. Los trenes urbanos ya cuestan $349,99 y el subte escaló a $1558. Los peajes porteños también se dispararon: en las autopistas 25 de mayo y Perito Moreno, un auto liviano paga $4.518,33 en horario común y $6.403,21 en hora pico. El capítulo energético refleja una paradoja: por un lado, subas del 2,81% en el gas y del 1,5% en la electricidad; por otro, la continuidad de subsidios que cubren hasta el 75% del consumo de gas y el 62% de la electricidad para los sectores más vulnerables. Una estrategia oficial que busca amortiguar el impacto y reforzar el discurso de protección social. En el terreno de los combustibles, la decisión queda en manos de YPF, que deberá definir si aplica un nuevo ajuste o prolonga el congelamiento vigente. Todo esto ocurre en un escenario internacional marcado por la volatilidad del petróleo, con el Brent rondando los 92 dólares y las tensiones en Medio Oriente como telón de fondo. La medicina prepaga también se suma a la ola de incrementos, con subas de entre 2,6% y 2,9%, mientras que los colegios privados ajustaron sus cuotas en torno al 4% y 5% en Ciudad y Provincia. Dos rubros que golpean de lleno a la clase media. Cada aumento pone en jaque la credibilidad del Gobierno y recuerda que la batalla contra la inflación no sólo se libra en las estadísticas, sino también en la percepción social.
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