La difusión del más reciente informe oficial sobre la educación secundaria en la Provincia de Buenos Aires volvió a sacudir tanto el ámbito político como el educativo. Las cifras son elocuentes: uno de cada cuatro alumnos del sistema público supera las 45 faltas en un año, lo que implica perder más de una cuarta parte del calendario escolar. El relevamiento, que abarca a más de 1,6 millones de estudiantes, revela una problemática de fondo: en 2024, el 36,9% de la matrícula registró más de 28 inasistencias, con una diferencia marcada entre el sector estatal (43,6%) y el privado (17,8%). El promedio de ausencias en las escuelas públicas alcanza las 35,8 por alumno, muy por encima de las 21,8 que se observan en el ámbito privado. El documento no se limita a enumerar estadísticas: pone en evidencia un desafío estructural que interpela directamente a las autoridades. La sobreedad aparece como un factor clave. Los estudiantes con dos o más años de retraso en su trayectoria escolar son quienes acumulan más faltas y también más materias pendientes. La relación es evidente: la asistencia y el rendimiento académico están estrechamente vinculados. En este escenario, la gestión educativa bonaerense enfrenta un dilema político: cómo revertir una situación en la que apenas la mitad de los alumnos logra aprobar todas las materias, mientras que un 18,4% termina el ciclo con más de cuatro asignaturas adeudadas. Matemática y Ciencias Naturales concentran las mayores dificultades, y las brechas entre sectores se profundizan: 75% de aprobación en el estatal frente a 90% en el privado. Pensado como insumo para la planificación del ciclo lectivo, el informe se convierte en un documento incómodo para el debate público. El ausentismo, la sobreedad y las dificultades académicas no son simples indicadores técnicos: son síntomas de un sistema que arrastra desigualdades históricas y que demanda respuestas políticas. En la política bonaerense, los datos funcionan como advertencia y presión. La oposición los utiliza para cuestionar la eficacia de las políticas educativas, mientras que el oficialismo intenta encuadrarlos en una estrategia de acompañamiento y recuperación. Lo cierto es que el informe deja al descubierto que la escuela secundaria continúa siendo un terreno de disputa, donde la política y la pedagogía se cruzan en cada ausencia y en cada materia pendiente.
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