El inicio de 2026 dejó al descubierto una tensión que atraviesa la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores. Enero cerró con un desplome del 6,7% en las transferencias nacionales, un golpe que se sintió con especial crudeza en la provincia de Buenos Aires: allí, las cuentas oficiales revelaron una pérdida cercana a los 82 mil millones de pesos respecto del mismo mes del año anterior. En La Plata, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, fue quien puso voz al malestar. Con gráficos en mano, expuso que el recorte global para las provincias supera los 400 mil millones de pesos y apuntó directamente a la recesión y a la caída en la recaudación del IVA. “Con este modelo, todas las provincias pierden”, sentenció, en un mensaje que buscó instalar la idea de que el ajuste no distingue colores políticos. La explicación técnica se resume en un consumo deprimido que arrastra la recaudación: el IVA retrocedió casi un 12%, mientras que el resto de los tributos coparticipables cayó un 2,1%. Para López, el panorama es claro: “Las provincias pagan el costo de un modelo que reduce el mercado interno”. El dato económico se filtró en un escenario político ya cargado. Gobernadores opositores rechazan la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, mientras otros mandatarios dialoguistas reclaman compensaciones para equilibrar sus presupuestos. En ese marco, la denuncia bonaerense adquiere un tono de advertencia: “La caída de la coparticipación expone la inviabilidad del modelo económico y el carácter antifederal del Gobierno nacional”, disparó López. La crónica de este enero muestra un tablero complejo: provincias que ven achicarse sus ingresos, un Gobierno nacional que insiste en su rumbo económico y un clima político que se recalienta con cada dato negativo. El verano, lejos de traer calma, abre un capítulo de disputa en el que la coparticipación se convierte en símbolo de la pulseada entre Nación y territorios.
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