En un escenario europeo marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias, el gobierno socialista de España dio un giro de alto impacto: aprobó un plan de regularización masiva de personas migrantes que viven en situación irregular en el país. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, podría alcanzar a cerca de 500.000 personas. Entre ellas se cuentan más de 42.000 argentinos, según estimaciones basadas en estudios independientes, aunque las cifras oficiales son objeto de debate. Datos del Estado español indican que hay unos 415.000 argentinos residiendo en el país, de los cuales el 44% posee doble nacionalidad. Sin embargo, un informe difundido por el think tank Funcas sostiene que los argentinos registrados son 148.585, con 106.139 en situación regular y otros 42.446 sin documentación. Dada la disparidad entre ambas fuentes, no se descarta que el número real de beneficiarios argentinos sea aún mayor. Según Funcas, la argentina es la sexta nacionalidad latinoamericana con presencia en España, detrás de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Paraguay. Para acelerar su implementación, el gobierno aprobó la medida mediante un “real decreto”, lo que evita su paso por el Parlamento, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría propia. El plan contempla regularizar a personas que residan en España desde hace al menos cinco meses, que hayan ingresado antes del 31 de diciembre de 2025 y que no registren antecedentes penales. Las solicitudes podrán presentarse entre abril y el 30 de junio, con el objetivo de que los beneficiarios puedan acceder al mercado laboral “en cualquier sector y en cualquier punto del país”, explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. “Hoy es un día histórico para nuestro país. Reforzamos un modelo migratorio basado en derechos humanos, integración, crecimiento económico y cohesión social”, afirmó Saiz en conferencia de prensa. España se consolida así como una excepción dentro de la Unión Europea, donde predominan las políticas restrictivas, en gran medida impulsadas por el avance de la extrema derecha. “Defendemos una migración legal, segura, ordenada, pero también abierta y humana, frente a quienes quieren cerrar nuestras fronteras”, sostuvo recientemente Sánchez. El mandatario subrayó que el 80% del crecimiento económico de España en los últimos seis años y el 10% de los ingresos del sistema de seguridad social se explican por el aporte migrante. En paralelo, el desempleo cayó por debajo del 10% en el cuarto trimestre de 2025, con una mayoría de nuevos empleos ocupados por extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadística. La política migratoria también se articula con una estrategia demográfica. En noviembre de 2024, el gobierno había anunciado una reforma del reglamento de extranjería para regularizar a unas 300.000 personas por año durante tres años, como respuesta al envejecimiento poblacional y a la caída del 25,6% en los nacimientos desde 2014.
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