El Gobierno argentino rechazará formalmente la orden de la jueza estadounidense Loretta Preska, que exige la entrega de mensajes y datos privados de los funcionarios Luis Caputo y Sergio Massa, así como información sobre activos nacionales, en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La Procuración del Tesoro reafirmará esta postura en una audiencia clave con Preska y con los fondos demandantes, en la que volverá a insistir en que la magistrada “se excedió en su jurisdicción” al incluir en el proceso, información sensible sobre integrantes de la actual y anterior gestión argentina. Desde la Casa Rosada aseguran que “de ninguna forma” entregarán documentación privada de funcionarios, y que ya analizan nuevas vías legales para frenar la medida, incluyendo un pedido de suspensión inmediata o, incluso, una apelación directa ante la Corte de Apelaciones. “El mandato es claro: apelar hasta la última instancia”, repiten en el entorno presidencial. Aunque en Balcarce 50 reconocen que el incumplimiento podría derivar en sanciones económicas, sostienen que no cederán ante lo que consideran un intento de vulnerar la soberanía nacional. El conflicto se da en el marco del millonario litigio por la nacionalización de YPF. Los fondos demandantes, que ya obtuvieron una sentencia favorable por 16.100 millones de dólares, buscan demostrar que la empresa y el Estado argentino “son lo mismo” para poder avanzar en embargos sobre activos. En ese contexto, solicitan pruebas que vinculen a los funcionarios con decisiones clave en la conducción de la petrolera. El oficialismo, sin embargo, descarta cualquier tipo de negociación con los fondos y se mantiene firme en su estrategia judicial. Mientras tanto, la Procuración del Tesoro continúa elaborando escritos y delineando su defensa frente a las exigencias del tribunal neoyorquino. Por otra parte, el Gobierno espera que la Corte de Apelaciones se expida en breve sobre el pedido argentino de suspender la ejecución de la sentencia mientras se analiza la apelación de fondo. Las audiencias orales fueron fijadas para la semana del 27 de octubre, luego de las elecciones legislativas en Argentina, previstas para el domingo 26. En un movimiento significativo, la administración del expresidente Donald Trump presentó un escrito como amicus curiae en apoyo a la postura argentina, sumando un respaldo político de peso en la disputa. Si el reclamo argentino no prospera, el Ejecutivo ya anticipó que apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos, decidido a agotar todas las instancias para evitar la entrega de información que considera confidencial y sensible.
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