El Gobierno nacional deberá definir una jugada política crucial: vetar tres leyes con fuerte impacto social, aprobadas recientemente por el Congreso. En este contexto, la Casa Rosada activó una serie de negociaciones con distintos bloques legislativos y gobernadores con el objetivo de “cuidar los vetos” del presidente Javier Milei, especialmente el que afecta a la actualización previsional, considerado el más sensible por el Ejecutivo. En Diputados, el oficialismo apuesta a conseguir los apoyos necesarios, consciente de que en el Senado el escenario es más adverso. Para ello, apunta a consolidar el respaldo del PRO, el MID, los radicales alineados con Milei y de legisladores provinciales que se ausentaron o se abstuvieron en la votación original. Una de las estrategias en marcha es ofrecer un incremento específico en el área de discapacidad, como gesto hacia los cinco diputados radicales que podrían inclinar la balanza: “Es lo que se está trabajando. No sé de cuánto sería el aumento, pero por lo menos algo cercano a las demás subas de 2025”, confió una fuente parlamentaria al tanto de las conversaciones. Con este paliativo, el oficialismo sumaría cinco votos claves para blindar el veto presidencial al aumento jubilatorio, el punto más controversial del paquete legislativo. Paralelamente, el Gobierno intenta evitar una ruptura con los gobernadores, especialmente los de los 10 distritos que fueron parte de Juntos por el Cambio, quienes hasta el momento no recibieron propuestas concretas. En Balcarce 50 saben que para sostener el veto necesitan al menos 72 votos afirmativos. Una de las cartas que analiza el Ejecutivo es el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una herramienta que las provincias reclaman con fuerza. Actualmente, existe un proyecto con media sanción en el Congreso que plantea la distribución automática de esos fondos, lo cual genera tensión con el Gobierno central. En la Casa Rosada evalúan una mayor distribución de los ATN para sumar adhesiones, en especial entre los mandatarios provinciales que piden asistencia financiera. Hasta junio, las provincias que más recibieron estos recursos fueron Buenos Aires, Neuquén, Tucumán y Salta. La negociación está liderada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quienes mantienen contactos con legisladores y gobernadores para garantizar que el Congreso no insista con las leyes aprobadas. “El panorama es favorable. Con los cinco radicales ‘peluca’ estamos cómodos, aunque los gobernadores también son necesarios”, señaló un dirigente del oficialismo, confiado en que lograrán blindar las decisiones de Milei. El desenlace se definirá en los próximos días y será clave para medir la capacidad del Gobierno de sostener su agenda frente al Congreso.
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