El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF N°2) intimó a la expresidenta Cristina Fernández, Lázaro Báez y al resto de los condenados en la causa Vialidad a devolver casi 685 mil millones de pesos para reparar el daño realizado al Estado. Los imputados tienen un plazo de diez días hábiles, con fecha límite el 13 de agosto, para depositar el monto en una cuenta judicial que abrirá el Banco Nación. La medida judicial desestimó el planteo de la defensa de Fernández, que había solicitado pagar sólo el 6% de la cifra estimada por los peritos de la Corte Suprema, argumentando que su parte rondaba los 42 mil millones. Sin embargo, el tribunal ratificó la cifra original y ordenó ampliar los embargos preventivos para cubrir la totalidad del monto. En el fallo firmado por el juez Jorge Gorini, se establece que los nueve condenados deberán acordar entre sí cómo repartir la suma, bajo un “concepto solidario” de reparación. El tribunal no detalla cuánto debe abonar cada uno, por lo que la decisión de prorrateo quedará en manos de los implicados. Paralelamente, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola impulsaron nuevas medidas para asegurar el decomiso de bienes. Entre ellas, solicitaron extender las restricciones que pesan sobre Lázaro Báez a todos los condenados, e investigar los bienes de Claudia Insaurralde, pareja de Báez, quien podría haber actuado como testaferro del empresario. En 2020, Báez otorgó a Insaurralde un poder con amplias facultades para manejar sus negocios. Recientemente, la mujer lo visitó en la cárcel de Río Gallegos con la intención de que firmara documentos vinculados a su patrimonio, lo que refuerza las sospechas sobre posibles maniobras para ocultar bienes. De no cumplirse el pago en el plazo establecido, se dará inicio a la etapa de ejecución de bienes para garantizar el resarcimiento al Estado.
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