Después de una década de litigio por la expropiación de YPF, la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos demandantes. El plazo vence en apenas 14 días y la medida genera una fuerte tensión política y económica en la Casa Rosada. La decisión judicial se enmarca en la sentencia dictada el 15 de septiembre de 2023, cuando Preska condenó al país a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF realizada en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández. Con intereses acumulados, la deuda ya asciende a 17.750 millones y crece a razón de casi 3 millones diarios, debido a una tasa anual del 5,42%. El presidente Javier Milei aseguró que apelará la medida, que implica transferir las acciones clase D de YPF a una cuenta en The Bank of New York Mellon como parte de pago a los fondos Burford Capital y Eton Capital. Sin embargo, desde el entorno de los acreedores ya dejaron trascender su voluntad de negociar un acuerdo para cerrar definitivamente el litigio. De acuerdo con un informe de la consultora Adcap, el Gobierno enfrenta tres caminos posibles: cumplir con la orden judicial y entregar el control efectivo de la compañía, apelar el fallo e intentar frenar la transferencia, o abrir un canal de diálogo directo para acordar una salida negociada, que podría incluir una quita o pagos mediante bonos. “Sin un diálogo significativo, no hay resolución posible para estos desafíos legales, y la credibilidad del Gobierno ya se ve afectada por las demoras. No actuar expondría al país a daños reputacionales y financieros en un momento crítico”, advirtieron desde Adcap, en referencia a las negociaciones en curso con el FMI y la necesidad de atraer inversiones para sostener la frágil macroeconomía. Cuando asumió Milei, el Ejecutivo debía depositar una garantía para evitar embargos, pero ese paso nunca se concretó. Esto habilitó a Preska a ordenar la entrega de los activos reclamados. La Procuración del Tesoro será ahora la encargada de encabezar la apelación ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York, mientras en la Casa Rosada mantienen hermetismo sobre la estrategia judicial. En paralelo, los fondos demandantes insisten en acercar posiciones para cerrar el caso con un acuerdo. La incógnita es hasta dónde está dispuesto a ceder el Gobierno sin resignar el control de la principal petrolera del país, en un contexto donde cada dólar cuenta.
Compartir
