El fiscal Abel Córdoba dictaminó que el empresario Lázaro Báez debe regresar a prisión para cumplir la condena por lavado de dinero en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificó en forma definitiva la pena impuesta en su contra. La solicitud del fiscal alcanza también a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador de Báez, respectivamente, quienes ya habían estado detenidos previamente. El juez Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal N°4, será el encargado de resolver cómo se computarán las penas, ya que fue el magistrado que llevó adelante el juicio oral. “Habiendo quedado firme la condena dictada contra Lázaro Antonio Báez, Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, culminado el trámite del cómputo practicado en relación a los nombrados, solicito se ordenen sus capturas y consecuente alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, expresó Córdoba en su dictamen. En el mismo documento, el fiscal consideró que Martín Báez, hijo del empresario y también condenado en la causa, no debe volver a prisión, ya que se le otorgó previamente la excarcelación y se encuentra cumpliendo libertad condicional. Báez fue condenado a 12 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado por un monto de 55 millones de dólares, maniobras cometidas entre 2010 y 2013 a través de la financiera SGI, conocida como La Rosadita. Luego del fallo del máximo tribunal, el TOF 4 ya había ordenado la detención de otros condenados en la causa, entre ellos Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y Eduardo Castro. Hasta ahora, no se había definido si Báez debía volver a prisión o continuar en arresto domiciliario, como solicitó su defensa al argumentar que ya lleva nueve años privado de su libertad. La causa se inició en 2013, tras un informe del programa Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata, donde se denunció que Báez, estrechamente vinculado al expresidente Néstor Kirchner y beneficiado con obra pública en Santa Cruz, había expatriado 55 millones de dólares a través de maniobras financieras. La investigación incluyó declaraciones en cámara oculta de Leonardo Fariña y Federico Elaskar. En 2016, tras la difusión de un video donde se observaba a Martín Báez contando fajos de dinero en La Rosadita, el juez Sebastián Casanello ordenó la detención de Lázaro Báez y su entorno más cercano, lo que reactivó la causa. Durante el juicio se comprobó la existencia de una organización criminal que operó entre 2010 y 2013 para lavar dinero proveniente de contrataciones de obra pública a través de la firma Austral Construcciones. El monto total blanqueado ascendió a USD 54.872.866,69, que fueron enviados al exterior y luego reingresados al país mediante un entramado financiero ilícito.
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