El Gobierno nacional dispuso la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para recabar información en torno a la criptomoneda Libra. La medida fue oficializada mediante el decreto 332/2025, firmado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y publicada en el Boletín Oficial. La UTI había sido constituida luego del escándalo generado por la promoción del activo digital en la red social X por parte del presidente Javier Milei, una acción que derivó en fuertes sospechas de manipulación del mercado, un aluvión de dudas públicas y pérdidas millonarias para cientos de inversores. Según detalla el decreto, “la información recopilada por la titular de la Unidad de Tareas de Investigación fue remitida al Ministerio Público Fiscal”, por lo que “la tarea encomendada fue cumplimentada”, y se resolvió dar por terminada su actividad. La polémica se desató el 14 de febrero, día del lanzamiento de Libra, cuando un grupo de billeteras digitales adquirió tokens por unos 2,5 millones de dólares horas antes de que el presidente Milei publicara un mensaje en X recomendando el activo. La publicación provocó una suba explosiva del precio, que alcanzó un pico de 4,65 dólares tras una nota de Bloomberg que confirmaba el respaldo del mandatario al proyecto. Sin embargo, ese mismo día por la noche, las billeteras asociadas al equipo de desarrollo comenzaron a retirar liquidez, lo que provocó un colapso del valor del token y cuantiosas pérdidas para los compradores. Se estima que se drenaron fondos por cerca de 90 millones de dólares. El 15 de febrero, el principal vocero del proyecto, Hayden Davis, prometió una inyección de 100 millones de dólares para estabilizar Libra, algo que no ocurrió. Dos días más tarde, un nuevo episodio agravó las sospechas: a las 13 del 17 de febrero, Milei retuiteó un mensaje de Darío Epstein explicando cómo comprar Libra. Poco antes, cuatro billeteras habían adquirido tokens por tres millones de dólares, lo que generó una ganancia estimada de 9 millones tras la suba de precio impulsada por la visibilidad presidencial. El tuit fue eliminado una hora después. Con la disolución de la UTI, el Gobierno da por cerrado su aporte interno en la investigación. Ahora, todas las miradas se posan sobre el Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar si existió uso de información privilegiada, manipulación de mercado o responsabilidad penal por parte de funcionarios o desarrolladores del proyecto.
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