Amnistía Internacional publicó su informe anual “Estado Mundial de los Derechos Humanos” y apuntó con dureza contra la gestión de Javier Milei en Argentina. En el capítulo dedicado al país, titulado “12 meses de gestión, 12 derechos perdidos”, la organización denunció un deterioro significativo de las libertades fundamentales durante 2024, marcado por un clima de violencia discursiva, represión estatal y una política sistemática de desarticulación de espacios de participación ciudadana. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, sostuvo que el retroceso en materia de derechos “no es una metáfora”, sino una realidad palpable en la pérdida de avances históricos vinculados a la justicia social, las libertades civiles y las garantías individuales. A su vez, alertó sobre una deriva autoritaria por parte del Estado, visible en la respuesta frente a las protestas pacíficas, el manejo de la información pública y el hostigamiento hacia voces críticas. El informe remarca que el gobierno impulsó una política deliberada de confrontación frente al disenso, con persecuciones a periodistas y una escalada en el uso de la fuerza contra manifestaciones sociales. Denunció que la aplicación del denominado “Protocolo Antipiquetes” derivó en operativos con uso excesivo de armas menos letales, con consecuencias graves para la integridad física de los manifestantes, incluyendo casos de lesiones oculares y heridas en zonas sensibles del cuerpo. En el plano económico y social, el documento señala que las políticas de ajuste adoptadas durante el año impactaron de forma directa sobre los sectores más vulnerables, debilitando el acceso a derechos esenciales como la salud, la educación y la seguridad social. En particular, se advierte que quienes perciben la jubilación mínima no lograron superar el umbral de pobreza, afectando su derecho a una vida digna. Otro aspecto crítico del informe es la preocupación por el avance de la cibervigilancia estatal. Amnistía alertó sobre el uso creciente de tecnologías e inteligencia artificial para realizar un monitoreo masivo de la población, lo que, en su opinión, pone en riesgo la privacidad y la libertad de millones de personas. Este fenómeno se da en un contexto en el que el Estado, a través de múltiples agencias, ya concentra un enorme volumen de datos personales que los ciudadanos no pueden dejar de entregar. Finalmente, el organismo situó el caso argentino dentro de una tendencia más amplia a nivel global, en la que se observa un resurgimiento de prácticas autoritarias amparadas por discursos populistas y el poder corporativo, un fenómeno que identifican como el “efecto Trump”. En ese marco, Amnistía Internacional instó a frenar lo que considera una regresión preocupante en materia de derechos humanos.
Compartir
