Divisiones internas, reproches a la conducción y sospechas de maniobras personales marcan el trasfondo de la medida de fuerza que impulsa la central obrera contra la administración de Javier Milei. A pocas horas del tercer paro general convocado por la CGT contra el Gobierno de Javier Milei, las tensiones internas dentro de la propia central obrera amenazan con eclipsar el impacto de la protesta. La fractura entre los sectores dialoguistas y los más duros quedó expuesta, al punto que algunos dirigentes sostienen que la huelga está debilitando más a la CGT que al propio Ejecutivo. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, es uno de los casos más visibles de esta fractura. Aunque adhirió formalmente a la convocatoria, anunció que no podrá detener sus actividades debido a una conciliación obligatoria vigente en su conflicto salarial. Sin embargo, en el mundo sindical muchos ven detrás de esta decisión presiones del Gobierno, que no sólo amenazó con sanciones si se viola la conciliación, sino que también inició una auditoría sobre la obra social de la UTA, dirigida por la esposa de Fernández. A esto se sumó una resolución publicada en el Boletín Oficial que excluye a la obra social del gremio del sistema de atención a jubilados y pensionados, aunque desde la administración nacional aseguran que fue una solicitud del propio sindicato por razones financieras. Las críticas contra Daer se intensificaron en las últimas semanas. Lo acusan de tomar decisiones unilaterales y de endurecer su postura para consolidar su poder dentro de la CGT, con la mirada puesta en convertirse en el líder único de la central cuando se renueven las autoridades en noviembre. Además, enfrentará este año elecciones en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Filial Buenos Aires, donde podría enfrentar listas opositoras desde el peronismo disidente y la izquierda. Mientras tanto, desde el Gobierno nacional, los intentos por frenar la medida de fuerza fracasaron. Los contactos entre funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el asesor presidencial Santiago Caputo con referentes sindicales no lograron desactivar la huelga. La administración libertaria congeló las conversaciones al considerar que era una misión imposible revertir la decisión de la CGT. La interna sindical se agudiza frente a un interrogante central: ¿Cuál será la estrategia después del paro? Incluso dentro del ala más dura de la CGT hay voces que reclaman una instancia de diálogo posterior. “Esperamos que después del paro haya una mesa de diálogo”, deslizó días atrás Sergio Palazzo (bancarios), cercano al kirchnerismo, aunque desde el Ejecutivo no muestran señales de apertura. Más allá del impacto inmediato de la medida, la CGT ya enfrenta un tembladeral interno que anticipa una batalla clave por su conducción hacia noviembre, en un escenario que podría redefinir el mapa del sindicalismo argentino.
Compartir
