La Corte Suprema de Brasil comenzó a analizar si abre un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar una conspiración para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. La primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) evalúa si existen elementos suficientes para llevar a juicio al exmandatario y a otros siete acusados señalados como el “núcleo crucial” del presunto plan golpista. La decisión, que está en manos de cinco de los once jueces que conforman el Tribunal, podría conocerse en las próximas horas. Entre los magistrados que decidirán el futuro judicial de Bolsonaro se encuentra Alexandre de Moraes, considerado un adversario político del exmandatario. La defensa del líder ultraderechista había solicitado la recusación de tres jueces, incluido De Moraes, pero la Corte desestimó el pedido. Ante la expectativa por la resolución, la sede del tribunal en Brasilia fue reforzada con un mayor despliegue policial y controles de seguridad más estrictos. En total, 34 personas están imputadas en la causa. Bolsonaro, quien enfrenta una posible condena de hasta 40 años de prisión, asistió a la audiencia junto a su abogado y se ubicó en la primera fila del tribunal. La investigación de la Fiscalía señala que Bolsonaro encabezó una organización criminal que buscaba evitar la asunción de Lula da Silva tras su victoria electoral en octubre de 2022. Entre los cargos que enfrenta el exmandatario se encuentran “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”. Según la acusación, la estrategia golpista de Bolsonaro incluía la emisión de un decreto que instauraría un “estado de defensa” con el fin de invalidar el proceso electoral. También se investiga un supuesto plan para atentar contra la vida de Lula da Silva y del juez De Moraes, que no se concretó por la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. Entre los implicados en la causa figuran exministros de Bolsonaro como Walter Braga Netto (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), así como un excomandante de la Marina. La acusación se basa en un informe de casi 900 páginas elaborado por la Policía Federal, que también vincula al exmandatario con los disturbios del 8 de enero de 2023. En esa fecha, miles de sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, en un episodio que recordó al ataque al Capitolio en Estados Unidos.
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