La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el proyecto de Ley Antibarras ingresó a la Cámara de Diputados con el objetivo de tipificar a las barras bravas como una forma especial de asociación ilícita y tratarlas como organizaciones criminales. La iniciativa busca erradicar la violencia en el fútbol y desarticular los negocios ilegales vinculados a estas agrupaciones. La presentación del proyecto se aceleró luego de los incidentes registrados la semana pasada en la movilización de jubilados al Congreso, que derivó en disturbios tras la adhesión de grupos de hinchas. El Gobierno calificó la manifestación como la “marcha de los barras”, lo que reforzó la necesidad de medidas más contundentes contra estos grupos. “Se amplía a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barras bravas, como aquellos mecanismos de financiamiento que, en muchos casos, están avalados por las conducciones de los clubes”, explicó Bullrich en conferencia de prensa desde la Casa Rosada. Según la ministra, el proyecto contempla también sanciones para los dirigentes que faciliten entradas, micros o el ingreso de elementos contundentes a los estadios. Bullrich aseguró que la ley permitirá prohibir el ingreso de los barras a las canchas, una medida clave para “desarmar la lógica de los negociados que existen entre dirigentes y estos grupos”. En la actualidad, según la funcionaria, hay 15.000 personas impedidas de ingresar a los estadios, pero la normativa busca avanzar sobre la estructura económica y de poder de las barras. “Ya bajamos de manera sustancial la violencia, pero esta ley va a seguir reduciendo la violencia en el fútbol. El programa Tribunas Seguras es exitoso, pero le faltaba ir a fondo para que las barras no vayan a los estadios y desarticularlas como organizaciones criminales”, sostuvo. Por otra parte, la ministra diferenció esta iniciativa de la prohibición vigente desde hace doce años para la asistencia de hinchas visitantes a los estadios: “Lo de los visitantes es responsabilidad de cada distrito, no es una cuestión federal, sino de las ciudades y provincias”, aclaró. El proyecto fue redactado por el equipo de abogados del Ministerio de Seguridad y busca llenar los vacíos legales que han permitido la impunidad de las barras bravas. Además de sancionar a los integrantes de estos grupos, también establece penas de prisión para los dirigentes de clubes que se demuestre que colaboran o brindan apoyo logístico a las barras.
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