En un fallo que pone freno a la disposición del Gobierno, la Justicia federal suspendió el decreto del presidente Javier Milei que establecía la transformación del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una Sociedad Anónima. La decisión fue tomada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien dictó una medida cautelar que impide la implementación del decreto. El magistrado argumentó que la decisión del Ejecutivo podría contradecir la voluntad del Congreso. En su fallo, señaló que el BNA es una entidad autárquica con autonomía presupuestaria y administrativa, cuya creación y eventuales modificaciones deben ser tratadas por el Poder Legislativo. “El Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional”, sostuvo, enfatizando que cualquier cambio en su estatus debe emanar exclusivamente de una ley formal. La medida judicial responde a una causa iniciada el 11 de junio del año pasado, en la que se solicitaba la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA Nº348 y de cualquier acto que pudiera avanzar en la privatización de la entidad. En consecuencia, el fallo ordenó la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 116/25 y estableció que tanto el Estado Nacional como el Banco de la Nación Argentina se abstengan de realizar acciones tendientes a su implementación. Asimismo, la resolución dispuso que las autoridades demandadas presenten, en un plazo de cinco días, un informe detallando el interés público comprometido en la solicitud de la medida cautelar. Ramos Padilla indicó que la delegación legislativa otorgada por la Ley 27.742 no habilita una transformación de esta magnitud sin una norma expresa del Congreso. El magistrado también destacó que el decreto presidencial sería un decreto delegado dictado en exceso, ya que la Ley Bases excluyó al Banco Nación del proceso de privatización. Por lo tanto, la decisión final sobre el tema quedará en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que deberá determinar si mantiene la suspensión del decreto y evaluar el impacto de los nuevos elementos presentados en la causa. El fallo genera un nuevo obstáculo para la iniciativa del gobierno de Javier Milei y reaviva el debate sobre el alcance del Poder Ejecutivo en la reestructuración de entidades estatales sin el aval del Congreso.
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