El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra Eduardo Belliboni y otros 16 dirigentes sociales, acusados de extorsionar a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. La investigación reveló un mecanismo de presión que obligaba a los beneficiarios a participar en movilizaciones bajo amenaza de perder el acceso a los planes sociales. Entre las pruebas clave que sustentan la acusación se encuentran documentos secuestrados en comedores vinculados al Partido Obrero, en los cuales se registraba la recaudación en concepto de “cápitas” en todo el país. Según la fiscalía, estos registros detallan el rendimiento de cada zona mes a mes y reflejan un sistema de control y sanciones dentro de la organización. Los documentos incautados incluyen listados de asistencia a marchas, cuadernos de movilización y anotaciones sobre penalidades aplicadas a quienes no participaban en las protestas. Uno de los registros más relevantes es el “Cuaderno de movilizaciones Rivadavia 1”, donde se detallan las asistencias y ausencias de los beneficiarios en distintas marchas organizadas por el Polo Obrero. Además, se encontró una lista de la movilización del 20 de diciembre de 2023, en la que se registró la llegada tarde de un manifestante, calificándolo como “media marcha”, lo que indica un riguroso control de asistencia y puntualidad. Otro elemento clave en la investigación son los documentos que detallan las sanciones aplicadas a quienes no asistían a las marchas, incluyendo descuentos en el dinero recibido por los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Según la acusación, aquellos con reiteradas inasistencias podían ser desplazados de la organización o ver reducida su ayuda económica. Las pruebas también incluyen correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en los que referentes del Polo Obrero impartían instrucciones sobre la participación en movilizaciones, dejando en claro que la asistencia no era opcional y que su incumplimiento traía consecuencias. Además, en los allanamientos se hallaron hojas de cálculo con nombres, fechas y observaciones sobre el grado de compromiso de cada persona, con anotaciones sobre quienes debían ser “convencidos” para participar con mayor frecuencia. La causa, que está en manos del juez federal Sebastián Casanello, imputa a Belliboni y a los demás acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. Según la fiscalía, entre junio de 2020 y marzo de 2024, los imputados instauraron “una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas en situación de vulnerabilidad social y económica”.
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