En el marco de un plan de ajuste destinado a reducir el déficit fiscal, el Gobierno Nacional anunció la reestructuración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida fue oficializada mediante el Decreto 13/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros de Economía y de Desregulación, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que la reestructuración tiene como objetivo “reducir los privilegios y el gasto desenfrenado” en el organismo recaudador. A partir de este decreto, los salarios del director ejecutivo y de los directores generales de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) se reducirán un 80%. Esto equipara sus ingresos con los de un ministro y secretarios de Estado, respectivamente. Adorni también detalló que la reducción del presupuesto destinado a la Cuenta de Jerarquización (que anteriormente era del 0,65% de la recaudación), generará un ahorro estimado en 121.000 millones de pesos para 2025. Esta decisión también elimina el sistema que permitía a los altos cargos incrementar significativamente sus salarios. Por ejemplo, el titular de ARCA, Juan Pazo, verá su remuneración mensual disminuida de $32 millones a $4 millones. En paralelo, el Poder Ejecutivo instó a reducir la estructura jerárquica inferior de ARCA en un 45%. Para facilitar este proceso, se creó un Sistema de Retiro Anticipado mediante la Disposición 3/2025. Este mecanismo voluntario, con un límite de 1.500 vacantes, permitirá a los empleados de planta permanente acceder a una indemnización adelantada, contemplada en los convenios colectivos de trabajo vigentes. Adicionalmente, se aprobó una nueva estructura organizativa que abarca hasta el nivel de Subdirección General, con el fin de optimizar la aplicación y fiscalización del régimen impositivo, aduanero y de seguridad social. Estas modificaciones se realizan bajo el amparo de la Ley Bases, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Según el texto oficial, esta reestructuración busca “mejorar el funcionamiento del Estado” mediante una gestión transparente, eficiente y eficaz. Entre los objetivos mencionados se destacan la reducción del sobredimensionamiento estatal, la disminución del déficit fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas, además de asegurar el control interno y la transparencia en la administración financiera.
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